Paolo Benza

Un informe del Gobierno Regional de Moquegua refuta la versión del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), , sobre la entrega del primer adelanto al consorcio encargado de construir el en el 2013. Este informe está firmado por David Mendoza Fernández, entonces jefe de proyectos estratégicos del gobierno regional.

Hasta el momento, Trujillo ha sostenido insistentemente que este pago se realizó para la construcción de un hospital de contingencia que operaría mientras se construía el nuevo local. Sin embargo, el documento firmado por su subordinado contradice esta versión: detalla que el 88,5% del adelanto fue solicitado para la construcción del hospital final. Apenas el 8,5% iba a ir para el hospital de contingencia.

Debido a ello, en la investigación que hizo sobre el caso la contraloría encontró presunta responsabilidad penal en Mendoza Fernández. Sin embargo, el exfuncionario regional ocupa hoy un cargo de confianza en el MTC y ha trabajado junto a Trujillo por lo menos en otras tres entidades públicas.

El Comercio solicitó al MTC entrevistar a Mendoza Fernández y a Trujillo para la elaboración de este artículo, pero esta entidad optó por no declarar.

–¿Hospital provisional?–

El contrato del Hospital de Moquegua comprendía dos obras: un nuevo hospital, por S/109,3 millones, y uno mucho más pequeño de contingencia, donde se atendería a los pacientes mientras se construía el local final. En entrevista con El Comercio, con La República y con “Cuarto Poder”, Trujillo ha repetido varias veces que el primer adelanto fue entregado para la construcción del hospital provisional y no para el final.

Esto porque, según las bases del concurso de la obra, un requisito para que dicho dinero sea desembolsado era la aprobación de un expediente técnico. Y el del hospital de contingencia había sido elaborado y aprobado por el gobierno regional de Moquegua antes de la firma del contrato. Entonces, en la versión de Trujillo, el desembolso fue legítimo porque el dinero fue utilizado para un hospital –el provisional– que ya cumplía con el requisito de tener un expediente aprobado.

El primer problema con esta versión, sin embargo, es que el dinero desembolsado en el primer adelanto duplica al presupuesto del hospital de contingencia. Según la factura emitida por el Consorcio Hospitalario Moquegua –Integrado por ICCGSA, empresa investigada por el caso Club de la Construcción, e Incot–, el monto total entregado por el gobierno regional fue de S/24,7 millones. Y descontando el IGV, asciende a S/20,9 millones. En cambio, el presupuesto del hospital provisional era de solo S/10,5 millones, según el contrato.

–Era un adelanto directo–

El siguiente problema se advierte precisamente en la factura emitida por el consorcio. Esta indica como referencia: "elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de la obra y construcción de obra: ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Nivel II”. Hasta ahí no habría mayor inconveniente, pues ese no es más que el nombre completo del contrato. Sin embargo, la clave está una línea más abajo, cuando el consorcio consigna el detalle e indica: “por adelanto directo”.

El contrato establecía dos tipos de adelantos posibles: el “adelanto directo”, hasta por el 20% del valor total contratado, y el “adelanto para materiales e insumos”, hasta por el 40%. El adelanto directo es un concepto genérico que aplica también para obras que no necesariamente tienen infraestructura provisional como la del hospital de contingencia. De hecho, está consignado y desarrollado en el reglamento de la Ley de contrataciones del Estado como un concepto general.

Los S/24,7 millones entregados al consorcio hospitalario calzan exactamente con el 20% que corresponde al adelanto directo. Aún más, cuando el consorcio presentó las cartas fianza para sustentar la entrega del dinero, se refiere al monto como “adelanto directo”. La propia ICCGSA, en una comunicación enviada a El Comercio, lo llamó también con ese nombre. Y ni en el contrato ni en la ley, el “adelanto directo” está vinculado a la construcción o la elaboración del expediente técnico de un hospital provisional.

–El informe de su subordinado–

Pero lo que termina de desbaratar la versión de Trujillo es un informe firmado por su hoy empleado en el MTC, David Mendoza Fernández. Este documento, emitido el 23 de diciembre del 2013, cuando Mendoza Fernández era jefe de proyectos estratégicos del Gobierno Regional de Moquegua, solicitaba la “apertura de meta presupuestal" para poder entregar el “adelanto directo” al consorcio liderado por ICCGSA.

El informe detalla a continuación los conceptos en los cuales se desagregaría el adelanto. Dice que apenas S/2,1 millones serían destinados para el hospital de contingencia y que S/21,9 millones irían para la obra del nuevo hospital. Agrega que S/733.794 correspondían a la elaboración del expediente técnico, pese a que uno de los requisitos para el desembolso del dinero era tener este documento ya aprobado.

Por haber firmado este informe es que el año pasado la contraloría encontró presunta responsabilidad administrativa y penal en Mendoza Fernández. No obstante, hoy se desempeña como director general de fiscalización y sanciones en transportes del MTC, un cargo de confianza. La resolución ministerial que lo nombra fue firmada por Trujillo el 26 de febrero de este año. El ministro se ha defendido alegando que el cargo de confianza corresponde al viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.

Sin embargo, Trujillo y Mendoza Fernández tienen un vínculo laboral que no se limita al Gobierno Regional de Moquegua y al MTC. Este último ha sido asesor de proyectos del sector salud del Gobierno Regional de Arequipa entre abril y junio del 2015, cuando Trujillo era gerente general en la gestión de Yamila Osorio, y director general de programas y proyectos en vivienda y urbanismo del Ministerio de Vivienda (MVCS) de julio a septiembre del 2017, cuando Trujillo era titular de la cartera.

Además, el funcionario ha sido proveedor del MTC, el MVCS (en el OTASS), el GORE Arequipa y el GORE Moquegua. , a quien ha acompañado en el GORE Moquegua y en cinco cargos en el Ejecutivo desde que inició el gobierno de Peruanos por el Kambio.

–El problema normativo–

Lo cierto es que sí existía un problema normativo respecto al adelanto directo que Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, califica como “insalvable”. Y que podría, además, explicar por qué se buscó utilizar la figura del hospital de contingencia para desembolsar el dinero pese a que, como afirma la contraloría, esto se habría hecho de manera irregular.

El reglamento de la ley de contrataciones del Estado dice que el “adelanto directo” puede solicitarse solo hasta ocho días después de firmado el contrato. Pero los términos de referencia de las bases del concurso de la obra decían que debía pedirse en los diez días siguientes a la aprobación del expediente técnico. Así, el consorcio hubiera tenido que firmar el contrato con el expediente ya elaborado.

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