Investigan presunto dinero ilícito en campañas de Perú Libre

A las 7:30 de la mañana, el fiscal Richard Rojas Gómez ingresó al local de Perú Libre ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil en busca de información financiera. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena había autorizado el allanamiento y descerraje de ese y de otros tres inmuebles del partido –dos en Lima y uno en Huancayo–, así como de tres propiedades de su secretario general, Vladimir Cerrón, en Junín.

El objetivo de la medida judicial es la búsqueda de información financiera de la organización entre el 2008 y el 2021 –desde la fundación del Movimiento Regional Perú Libre– por un caso abierto de presunto financiamiento ilícito en campañas políticas. Se trata de una investigación por supuesto lavado de activos que se desarrolla en paralelo a Los Dinámicos del Centro, aunque según la hipótesis fiscal ambos casos sí estarían vinculados.

La fiscalía postula que Cerrón sería el cabecilla de una presunta organización criminal constituida en el interior de Perú Libre con dos objetivos: financiar indebidamente las campañas del partido y cubrir los gastos relacionados a los distintos procesos legales que tuvieran los integrantes de esa red.

El Ministerio Público sostiene que el secretario general del partido de gobierno habría tenido injerencia directa y poder sobre los investigados que ocupaban cargos en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Junín entre el 2019 y el 2021.

Según la fiscalía, Cerrón habría pedido que se apoyara a la fiscal Sharon Romaní Aquino para que obtuviera su licencia de conducir. Para ello, le llevaron el examen escrito a su centro de labores a fin de que firmara y pusiera su huella en el documento.

Según la resolución, Cerrón habría dirigido, coordinado y ordenado “la comisión de diversas actividades criminales previas, [...] como son el cobro de licencias y otros procedimientos administrativos al interior del Gobierno Regional de Junín” para obtener dinero ilícito. Con ese fin, estratégicamente se habría contratado personal en las distintas áreas y se les habría cobrado aportes con la condición de mantenerlos en sus cargos. Las ganancias ilícitas obtenidas habrían servido para financiar al partido, así como adquirir inmuebles, entre otros.

Además, la fiscalía sostiene que el partido del lápiz tendría un incremento patrimonial en el 2020, el año de mayor actividad de la presunta organización criminal. Una de las operaciones sospechosas sería la adquisición de un inmueble ubicado en la avenida Brasil que fue usado como local de campaña en las ultimas elecciones.

La propiedad habría costado, según la fiscalía, US$220.000, pero aún se encuentra inscrita en Registros Públicos a nombre de sus antiguos dueños.

También se sostiene que para lograr estas actividades ilícitas se habría contado con el respaldo de distintos dirigentes del partido: Arturo Cárdenas, secretario de organización; Guido Bellido, secretario regional del Cusco; Waldemar Cerrón, secretario de ideología y política nacional; Eduardo Bendezú, secretario de prensa; y Marina Vásquez, secretaria de organización de la zona oriente.

El colaborador eficaz 04-2021 hizo mención al presunto dinero ilícito que habría sido depositado a Bellido para su postulación al Congreso en el 2020.

–Réplica de Perú Libre–

En su defensa, Perú Libre emitió un comunicado en el que consideró que la medida ha sido “desproporcionada e irracional”. “Se informa a la opinión pública que el partido y sus dirigentes han entregado informaciones y demás solicitudes hechas por la fiscalía y el Poder Judicial, por este motivo la decisión de allanar locales partidarios y domicilios no tiene justificación jurídica”, indica el texto.

La fiscalía había considerado que toda esta información sería negada por los investigados, “existiendo la alta probabilidad [de] que ellos desaparezcan u oculten elementos de convicción de gran utilidad”. Asimismo, refieren que en una anterior oportunidad no obtuvieron respuesta y que en una visita que se hizo, el abogado Rodrigo Luyo Pérez se comprometió a presentar la información el 10 de agosto, pero no ocurrió así. También manifiestan que la agrupación política no cumplió con entregar informes sobre la procedencia de los aportes que sustentan las últimas campañas.

Perú Libre rechazó que su organización haya recibido fondos de origen ilícito para su inscripción. La bancada parlamentaria también emitió un comunicado en el cual expresó su extrañeza con la medida, pero también su respeto al Poder Judicial.

Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, aseveró que se trataría de una instrumentalización del Ministerio Público y el Poder Judicial con fines políticos.

–Respuesta de Cerrón–

A través de su cuenta de Twitter, Vladimir Cerrón dijo: “Denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes”.

Además, hizo un llamado a “la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines”.

La fiscalía recoge los movimientos bancarios sospechosos hechos por Cerrón en los últimos años.

Entre estos está la intención de retirar S/1,2 millones de Interbank y S/370 mil del banco BBVA el mes pasado.