El caso del abogado y excongresista Marco Tulio Falconí comienza a preocupar a más de uno de los siete integrantes de la comisión especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes reevalúan la votación que lo designó titular de este organismo.
Su designación podría tomar un giro una vez que se analicen los descargos que Falconí presentará por escrito por el informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que concluyó que no le correspondía una bonificación del 10% sobre su puntaje en la fase de entrevista personal.
El abogado accedió al beneficio por la condición de licenciado de las Fuerzas Armadas que dijo que tenía.
Fuentes de El Comercio informaron que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ratificará su votación en contra de la designación.
Ávalos fue quien, en su voto en contra de Falconí, advirtió que no era legal el beneficio adicional que la comisión le otorgó, tal como luego concluyó Servir.
Fuentes de la comisión también indicaron a este Diario que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, analiza la situación de Falconí debido a que considera preocupantes las vinculaciones con el exjuez supremo César Hinostroza. Ernesto Blume, quien la precedió como titular del TC, aprobó otorgar la bonificación.
El último miércoles, Ledesma, además, votó en contra de la juramentación de la abogada María Zavala Valladares, precisamente por considerar que no absolvió las dudas sobre sus presuntos vínculos con Hinostroza y otros personajes implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
—Otras posiciones—
El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y miembro de la comisión especial, Jorge Alva Hurtado, dijo ayer a este Diario que el informe emitido por Servir “tiene bastante peso”. “En mi opinión, no podemos ir en contra de ese informe”, remarcó.
“Yo pienso que no debe ir el 10% [a favor de Falconí], pero vamos a ver qué dice el resto porque este es un organismo colegiado”, aseguró.
En tanto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostuvo que si bien el informe de Servir no es vinculante, “sí debe ser tomado en cuenta”.
“Yo hasta antes del informe de Servir estaba convencido de que le correspondía el 10%, pero no soy especialista. Yo soy penalista y debo estudiar con calma lo que ha dicho Servir. Debo estudiar los antecedentes de Servir en concordancia [con] lo que dicen los demás integrantes de la comisión”, aseguró.
Por otro lado, consideró que las llamadas entre Falconí e Hinostroza no pueden presumirse ilícitas. Por ello, afirmó que ese tema debe ser “descartado”.
El representante de las universidades privadas ante la comisión, Antonio Abruña Puyol, prefirió no pronunciarse.
—Una opción —
Los constitucionalistas Luciano López, Samuel Abad y Erika García Cobián consideraron que, tras el informe de Servir, el único camino que debe tomar la comisión especial es reducir el puntaje de Falconí y, en consecuencia, anular su elección como miembro titular de la JNJ.
López explicó que la comisión puede apelar a la figura de la nulidad de oficio para dar marcha atrás al nombramiento. “Procedimentalmente tiene que seguir ese camino para ajustarse a la ley. Si la comisión considera que el acto anterior tiene problemas de nulidad, puede volver a emitir una nueva decisión”, dijo.
En tanto, Abad precisó que Falconí no sería excluido, sino solo reubicado “con el puntaje que sí obtuvo”.
Sin la bonificación, pasa del quinto al décimo lugar en la lista de seleccionados para la JNJ; es decir, se convertiría en un miembro suplente, ya que los titulares son los siete primeros puestos.
“El tema es muy claro y no genera discusión”, dijo Abad.
García Cobián aclaró que el informe de Servir “no dice qué es lo que hay que hacer con Falconí”. “Eso lo tiene que decidir la comisión, pero es clarísimo que no le corresponde la bonificación”, sostuvo.
—La juramentación de Zavala —
La abogada y exministra de Justicia María Zavala Valladares juró ayer como integrante titular de la JNJ en una ceremonia realizada en la sede de la Contraloría General de la República, en Jesús María. Su juramentación había sido suspendida el último lunes luego de que El Comercio revelara que había sostenido comunicación con el exjuez supremo César Hinostroza.
Marco Tulio Falconí aseguró que acudirá a la vía judicial si la decisión de la comisión especial le es adversa. El constitucionalista Luciano López explicó que el abogado puede presentar una demanda contencioso administrativa, aunque para Samuel Abad y Erika García Cobián cualquier recurso que el excongresista presente ante el Poder Judicial por este caso difícilmente prospere.