El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la decisión de rechazar el recurso que presentó la exprimera dama Nadine Heredia que buscaba apartar del proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto Sur Peruano el testimonio de un testigo protegido de la fiscalía.
La Primera Sala de Apelaciones Nacional Permanente, presidida por el magistrado Ramiro Salinas Siccha, confirmó la resolución que se tomó el 13 de agosto de este año por parte del Segundo Juzgado Nacional a cargo de Juan Sánchez Balbuena y declaró improcedente el pedido de tutela de derechos que planteó Nadine Heredia.
La defensa legal de la investigada denunció que la ex primera dama vio limitado su derecho a la defensa por no poder contradecir el testimonio de un testigo protegido del Ministerio Público. Esto al no haber tenido acceso a la identidad de esta fuente. Además, acusó a la fiscalía de haber usado 36 meses como plazo de investigación sin que se le haya imputado el delito de organización criminal.
Sobre el primer punto, la sala de apelaciones consideró que “carecería de sentido” que se admita que una investigada como Nadine Heredia pueda exigir a la fiscalía que reconsidere la medida de protección sobre un testigo cuya identidad ha sido mantenida en reserva por cuestiones de seguridad.
“Este pedido solo atendería a sus intereses, de acuerdo a su estrategia en el caso y podría poner en riesgo la identidad del protegido”, se lee en la resolución.
Asimismo, establece que no es necesario imputar el presunto delito de crimen organizado en un proceso para mantener un plazo de investigación de 36 meses “siempre que previamente se verifique la vinculación a una organización criminal”.
En esa línea, recuerdan que Nadine Heredia está siendo investigada por presuntos vínculos con Odebrecht, que operó como una organización criminal internacional a través del pago de comisiones ilícitas para acceder a contrataciones públicas en diversos países.
Por último, indicaron que la defensa de la ex primera dama no cumplió con pedirle al Ministerio Público que finalice la investigación con las objeciones que ahora está planteando mientras se llevaban a cabo las indagaciones preparatorias.
Según la investigación del equipo especial Lava Jato, un testigo protegido ha detallado que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron, a través de coordinaciones con Jorge Barata, un aporte de unos US$300 mil de Odebrecht. A cambio de esto, en el 2012 se promulgó de forma irregular el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.