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Luego de más de diez meses de investigación preliminar, la fiscal anticorrupción Norah Córdova dispuso formalizar investigación preparatoria (abrir proceso penal) contra Óscar López Meneses y numerosos ex jefes policiales por el irregular resguardo que se brindó al domicilio del citado ex operador montesinista.
Entre los denunciados penalmente se encuentra el actual director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, al que se le imputa el delito de peculado de uso (utilización indebida de bienes del Estado).
Por el mismo delito también fueron denunciados el ex director de la PNP Raúl Salazar Salazar y los ex jefes de la VII Región Policial de Lima Aldo Miranda Soria, Carlos Gómez Cahuas y Luis Praeli Burga. A estos tres últimos generales de la PNP también se les imputa el delito de falsedad ideológica.
En total son 18 las personas denunciadas, algunas en calidad de autoras y otras como cómplices. López Meneses está sindicado como instigador.
También está incluido como presunto autor de peculado de uso, el alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca.
Según la resolución de la Primera Fiscalía Anticorrupción, hay suficientes elementos probatorios que permiten sustentar que se habría dispuesto indebidamente de recursos públicos (patrullas, combustible y agentes policiales) para prestar un resguardo domiciliario injustificado dispuesto y ejecutado de manera irregular.
Igualmente, el documento dice que se ha encontrado indicios de que los oficiales de la PNP habrían insertado datos falsos en diversos documentos para “justificar” el resguardo de la casa de López Meneses, ubicada en la calle Batallón Libres de Trujillo, en Surco.
El procurador anticorrupción Christian Salas Beteta respaldó la decisión de la fiscal Córdova.
“Consideramos que ha sido correcta la decisión de imputarle responsabilidad a los implicados. Coincidimos con sus fundamentos e imputaciones, los cuales serán corroborados o desvirtuados en el proceso”, expresó Salas.
INTERROGARÁN AL 'DOC'
Debido a que esta investigación preparatoria ha sido declarada compleja, la fiscalía tiene un plazo de hasta ocho meses para efectuar los más de 30 actos de indagación que ha dispuesto.
Entre estos actos está incluida la toma de declaración del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, para que explique sobre los presuntos vínculos que tendría con este caso.
También está previsto un peritaje contable para determinar el monto del perjuicio que habría generado el uso de patrulleros en el ilegal resguardo.
“Ojalá que los actos de investigación que la fiscal ha ordenado permitan determinar el verdadero motivo o móvil del resguardo a la casa de Óscar López Meneses. Necesitamos saber qué se buscaba proteger allí”, manifestó el procurador Christian Salas Beteta.
