Ceguera voluntaria: ¿la figura que usarán los fiscales para el caso de Keiko Fujimori?

Si el plan de la fiscalía marcha a la perfección, la semana pasada fue la última vez que vimos en libertad a Keiko Fujimori en mucho tiempo. El juez Víctor Zuñiga ordenó prisión preventiva de quince meses considerando que este será el plazo para que culmine el proceso contra la lideresa del fujimorismo. Es decir, hasta que se tome una decisión en el probable juicio oral por lavado de activos por los aportes de Odebrecht, y otros, en su campaña electoral.

El fiscal José Domingo Pérez ya adelantó que estima solicitar una pena de 18 años de cárcel para ella. La siguiente pregunta es: ¿cómo la fiscalía sustentará que Fujimori sabía o presumía del origen ilícito del dinero que ingresó a su agrupación política? Algo que ella ha negado durante toda la investigación fiscal.

Esto último es relevante debido a que uno de los requisitos de la ley de lavado de activos (Decreto Legislativo N° 1106) es que el incriminado debe conocer o debía de presumir el origen ilícito del dinero con el propósito de evitar su identificación.

A raíz de las revelaciones de Odebrecht, es la primera vez que en el país se abordan casos de esta naturaleza: presunto dinero ilegal infiltrado en campañas políticas para ser blanqueados. Hablamos de Keiko Fujimori, pero otros líderes políticos como los ex presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski también son investigados bajo la misma hipótesis.

Lo que tienen en común los mencionados es que niegan conocer la recepción del dinero y, más aún, su supuesto origen espurio. En países como Estados Unidos, sin embargo, son frecuentes este tipo de discusiones: cuando el señalado como lavador niega algún tipo de conocimiento sobre los fondos que es acusado de blanquear.

La figura utilizada en estos casos se le conoce como “ceguera voluntaria”, “ignorancia deliberada” o en inglés “willful blindness”.

Stefan D. Cassella, exjefe adjunto de la división de Lavado de Activos del Departamento de Justicia de EE.UU, la describió de la siguiente manera a El Comercio: cuando se evidencia en el imputado “un desprecio imprudente por conocer la verdad de los fondos o con un propósito consciente para evitar saberlo”.

Cassella añadió que,en su país, se ha sostenido reiteradas veces el criterio de que si “el lavador del dinero fue voluntariamente ciego en relación al origen del dinero que recibió es suficiente para establecer su conocimiento. Es decir, willful blindness = conocimiento”. Y citó algunos ejemplos como el “United States v. Jensen”, en que el acusado fue “deliberadamente ciego” sobre el hecho que la persona que le prestaba dinero era un narco.

En Perú, penalistas ya mencionan esta figura como un posible argumento que utilizará la fiscalía para atribuir responsabilidad a Keiko Fujimori por el millón de dólares que dice Odebrecht aportó en el 2011. Más aún que en el transcurso de la investigación se han revelado nuevos elementos que indican que la lideresa de Fuerza Popular tenía conocimiento sobre el dinero que ingresaba a su partido, como los 3.6 millones de dólares que Dionisio Romero entregó en el 2011 y que Fujimori reconoció haber recibido pero que lo mantuvo en secreto, dijo, por temor a represalias.

Pero para la aplicación de la “ceguera voluntaria” en el proceso a Fujimori, y demás casos de lavado de activos derivado de aportes de campaña, será determinante el criterio que desarrollarán los jueces en un eventual juicio oral.

De momento, lo único claro es que la lideresa de Fuerza Popular regresó a prisión preventiva a pedido de la fiscalía para que ahí aguarde el desenlace de esta emblemática investigación. En marzo se prevé la presentación de la acusación y en octubre el inicio del juicio.