El excandidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, es uno de los que presentó el recurso de casación para recuperar su libertad. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)
El excandidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, es uno de los que presentó el recurso de casación para recuperar su libertad. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)
Redacción EC

Humberto Abanto, abogado del exdirigente de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, investigado en el caso de Keiko Fujimori, pidió a la jueza Susana Castañeda que emita un voto sumándose a la posición mayoritaria de la Corte Suprema para reducir la prisión preventiva de 36 a 18 meses.

"Quiero suplicar algo que puede parecer un contrasentido [...] Suplico que forme resolución para que nosotros podamos proseguir este debate en otro espacio. Suplico encarecidamente que [...] nos haga el menor daño posible, que es que se adscriba al voto mayoritario para permitir que prosigamos nuestra marcha", señaló Abanto en la audiencia.

Más temprano, el abogado de Jaime Yoshiyama había anunciado que iba a plantear esto para que se pueda recurrir al Tribunal Constitucional, ya que las posiciones que han tomado los magistrados mantienen la prisión preventiva y solo se debate si se mantienen los 36 meses o se reducen a 18.

“Lo que pienso pedirle en el informe de las 11:30 de la mañana es que se forme resolución, que nos deje ir al Tribunal Constitucional porque la discusión que se va a liberar ante ella es una discusión entre silla eléctrica o cámara de gas, 18 o 36 meses, no tiene ningún sentido para nosotros”, afirmó en entrevista con Canal N.

Este miércoles, la magistrada Castañeda Otsu escuchó los alegatos de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros implicados en la investigación que realiza la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

La jueza será la sexta que intervendrá en este caso, porque fue llamada a dirimir luego que los cinco magistrados de la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema no se pusieron de acuerdo respecto al pedido y ninguna de las posiciones -una a favor de rechazar casación y otra a favor de reducir la prisión preventiva de 36 a 18 meses- llegara a los cuatro votos.

En la última audiencia, los jueces Hugo Príncipe (presidente de la sala), Jorge Castañeda y Zavina Chávez concluyeron que el peligro de obstaculización, atribuido en primera y segunda instancia contra Fujimori Higuchi, decayó con el transcurso del tiempo; y que ello no se valoró al momento de determinar el plazo de prisión preventiva. Indicaron que era necesario reducir de 36 a 18 meses el plazo.

Por su parte, los jueces supremos Iván Sequeiros e Iris Pacheco, concluyeron que no existe punto de debate ni contradicciones sobre el análisis y valoración de elementos probatorios al momento de confirmar la prisión preventiva, en ese sentido, el plazo de 36 meses es necesario según el contexto y el delito.

Al respecto, Humberto Abanto consideró que si la jueza Susana Castañeda tomara una posición diferente a las planteadas o se inclinara por la de la modificación del plazo de prisión preventiva, se ingresaría “a una espiral de dirimencia llamando a otro juez y a otro y a otro”, lo que prologaría los plazos.

Por lo tanto, el abogado señaló que buscan que en esta audiencia se llegue a una resolución a fin de poder acudir al Tribunal Constitucional, que podría evaluar la prisión contra Keiko Fujimori, el exdirigente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama; el exasesor Pier Figari; y el asesor legal de dicha agrupación, Luis Mejía Lecca, en un plazo menor.