La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó este jueves el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, para suspender las actividades de su partido por dos años y medio y enfatizó que se trata de un “acto inédito y antidemocrático”.
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“Que un fiscal pretenda inhabilitar a Fuerza Popular con un proceso electoral en marcha es un acto inédito y antidemocrático. Es fundamental que las elecciones se lleven con normalidad, sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados contra los partidos políticos”, expresó.
A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial señaló que las Elecciones Generales del 2021 deben llevarse “con normalidad, sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados” contra las agrupaciones políticas.
“Nadie puede impedir que la población ejerza su derecho a elegir y decidir quiénes deben guiar los destinos de nuestro país. Si alguien cree que con este tipo de maniobras nos van a distraer y llevar por el camino de la guerra política, se equivoca”, añadió.
El pedido de José Domingo Pérez se produjo después de que el pasado 21 de noviembre de 2019, el juez Víctor Zúñiga incluyó como persona jurídica al partido en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal.
Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una presunta organización criminal que habría tenido como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011.
Desde el partido
Horas más tarde, en un comunicado, desde la agrupación se consideró también que la solicitud del integrante del equipo especial Lava Jato es un “intento de limitar el legítimo derecho de nuestros militantes y simpatizantes a la participación política”.
“Este es un pedido sin precedentes en la historia política peruana que afecta a un partido que no ha tenido responsabilidades ejecutivas ni administrativas en el gobierno nacional”, se señaló en un pronunciamiento suscrito por Luis Galarreta, secretario general nacional.
La organización que lidera la excandidata presidencial aseguró que “la justicia debe ser la búsqueda de la verdad y no convertirla en un mecanismo destinado a deslegitimar a las organizaciones políticas, sus dirigentes y militantes”.
“Interferir con un proceso electoral en marcha, es un hecho excesivo y arbitrario. Las elecciones no pueden ser alteradas con suspensiones que no tienen precedentes o exclusiones ilegales que limiten el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades”, se acotó.