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La Procuraduría Anticorrupción informó esta mañana que pide como monto de reparación civil en la denuncia contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como el exasesor Alexei Toledo, una suma de un millón de soles.
En caso el Poder Judicial dicte sentencia en contra de los acusados, deberán pagar el monto propuesto por la procuraduría de manera solidaria por el caso de la presunta compra de votos en el Congreso a favor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El procurador Milton Vílchez, quien participó en la primera audiencia de control de acusación que se llevó a cabo hoy y fue dirigida por el juez supremo Hugo Núñez Julca, indicó que esta suma deberá ser pagada de manera solidaria por todos los acusados.
“Estamos postulando un daño extrapatrimonial, entendido como la imagen que implica un daño a esta persona abstracta que es el Estado, pero que se ve reflejado y organizado a través de diferentes instituciones estatales [...] Por eso postulamos en este estadío un millón de soles respecto a los cuatro acusados”, manifestó el procurador.
Minutos antes, el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay había sustentado los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias que le imputa a los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por haber ofrecido acceso a obras ante el Ejecutivo a Moisés Mamani, a cambio de obtener votos en contra de la moción de vacancia que enfrentó PPK en el 2018.
“Este proceder, tratando de torcer el voto de un funcionario público, sería una conducta que contravino el orden jurídico. Así, se actuó violando sus deberes constitucionales emanados de la elección popular”, manifestó el procurador, por considerar que esta actitud puede ser considerada como un acto ilícito con responsabilidad civil.
Milton Vílchez también pidió que no se consideren las reuniones sostenidas en marzo del 2018 entre Kenji Fujimori y sus colegas “Avengers” con Moisés Mamani de las negociaciones que ocurrieron durante la primera moción de vacancia contra PPK en diciembre del 2017.
“Descontextualizar nos permitiría hablar de hechos casi aislados. En cambio, vamos a ver que por un lado tenemos, efectivamente, un trueque de favores, un favor político que el entonces presidente de la República (PPK) necesitaba”, añadió el procurador, quien aseguró que la fiscalía brindará, durante las siguientes audiencias, un “relato detallado” de cómo los acusados tuvieron una conducta que trascendió lo político para actuar de forma perjudicial contra el Estado.
El magistrado Núñez Julca concluyó la sesión luego de escuchar al procurador y señaló que el control de acusación seguirá el jueves 19 de marzo.
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