Los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza serán investigados ahora por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por sus presuntos vínculos con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Esto, luego de lograr apartar de su investigación al fiscal supremo Pablo Sánchez.
Sánchez Velarde, por decisión de la fiscal Zoraida Ávalos -y anteriormente por excusa de Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación- había asumido las investigaciones contra los tres fiscales supremos.
Las pesquisas habían ido desarrollándose, pese a los cuestionamientos públicos de los investigados sobre las acciones realizadas por Sánchez Velarde.
Sin embargo, no fue hasta que se decidió incluir a los tres como parte de la organización criminal que la triada fiscal unió fuerzas en la Junta de Fiscales Supremos y sometió a votación la permanencia de Sánchez Velarde como su investigador.
“Un fiscal supremo no puede investigar a otro supremo”, fue el cuestionamiento planteado el fiscal supremo Tomás Gálvez, uno de los investigados. Alegó que solo puede ser investigado por el Fiscal de la Nación.
El tema, ya se había discutido con anterioridad, pero no habría prosperado pues solo Gálvez Villegas era el afectado. Chávarry Vallejos y Rodríguez Monteza, no se sentían tocados.
“Incluso se llegó a decir en la junta que denunciarían a la doctora Zoraida Ávalos y al fiscal Sánchez Velarde”, explicaron.
Con esta decisión, adoptada en mayoría por los mismos Gálvez Villegas, Chávarry Vallejos y Rodríguez Monteza, el fiscal Sánchez Velarde deberá dejar de investigar el caso Los Cuellos Blancos, que incluye 22 carpetas fiscales.
Y es que, lo logrado por los tres fiscales supremos también beneficiaría al resto de investigados de la presunta organización criminal que tienen la condición de alto funcionario y que solo pueden ser investigados por la Fiscal de la Nación.
Fuentes fiscales informaron a El Comercio que Iván Noguera, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura e investigado en este caso, ya había planteado ante la Fiscalía de la Nación que Pablo Sánchez sea apartado del caso.
-Proceso en Junta-
Según explicaron desde el Ministerio Público, el pedido de sometimiento a voto de este caso no estaba establecido para ser sometido ante la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, ante la insistencia de Gálvez Villegas, se terminó por agendar el tema.
Las fuentes consultadas por El Comercio, recordaron que habían documentos oficiales respaldando a Sánchez Velarde como el fiscal de la investigación en este caso. Por tanto, su competencia no era ilegal y tampoco estaba usurpando funciones.
El primer documento al que hacen referencia es la una disposición 07-2018-MP-FN del 1 de agosto del 2018 que expidió Pedro Chávarry, cuando era fiscal de la Nación, excusándose de que su oficina lo investigue por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El segundo documento, es la delegación que realizó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que Sánchez Velarde continúe a cargo de las investigaciones por delegación. Esto se hizo a través de la Resolución 01-2019-MP-FN del 18 de enero de 2019.
“Por lo demás, si bien la fórmula legal ya citada hace referencia a la posibilidad de realizar investigaciones por parte de la fiscal de la Nación, ello no significa que las mismas tengan que ser realizadas de manera personal por la referida máxima autoridad, pues la Constitución Política señala en su artículo 158 que la Fiscal de la Nación preside el Ministerio Público, y por lo tanto puede delegar o disponer que otras instancia o equipos de fiscales realicen o cumplan determinadas acciones específicamente determinadas o se avoquen al conocimiento de determinadas investigaciones, tal como lo dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 54 y 80-A”, se indica en el documento.
A razón de ellos y tras meses de indagación previa, el fiscal supremo Sánchez Velarde logró hilar todos los elementos que conectaban a sus tres homólogos con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y decidió abrir una investigación preliminar contra los tres e incluirlos como integrantes de la organización criminal. El triunvirato fiscal investigado por presuntamente ser “cuello blanco”, entonces, unió fuerzas.
“Al inicio eran indagaciones previas, pero cuando han visto que se formalizó la investigación en su contra, se preocuparon y decidieron actuar”, comentaron las fuentes de El Comercio.
A través de un comunicado pública, el fiscal Sánchez Velarde ha expresado su preocupación por lo que puede suceder con el gobierno de la Junta de Fiscales sobre el Ministerio Púbico, pues los votos en mayoría, están sobre los tres fiscales cuestionados.
“Debo expresar mi preocupación por la situación que actualmente atravesamos en la Junta de Fiscales Supremos, frente a una mayoría que podría decidir diversos aspectos que no necesariamente están expresadas como facultad de este colegiado en nuestra ley orgánica”, lamentó.
La advertencia ya fue dada por Sánchez Velarde.
Pero ¿Qué exactamente halló el fiscal Pablo Sánchez sobre los tres fiscales supremos?
De las pesquisas, declaraciones de testigos y colaboradores, y los audios que se obtuvieron en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto", Sánchez determinó que los tres constituirían nuevos “puntos nodales” o, dicho de otro modo, habrían sido hombres claves de dicha organización criminal”.
-Factor Pedro Chávarry-
“Luego de la elección del fiscal Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, Walter Ríos estuvo alegre y le manifestó que ya tenían el poder”, narró el colaborador eficaz 2111-2018.
No fue la primera vez que Chávarry era mencionado como personaje central de esta organización criminal. Antes, su nombre había sido incluido en el informe de la fiscal Sandra Castro, en el que se señala a Chávarry como presunto integrante de la organización Los Cuellos Blancos, junto al ex juez César Hinostroza y a los actuales fiscales supremos Víctor Rodríguez y Tomás Gálvez, entre otros.
Sobre Chávarry también pesan imputaciones sobre el presunto delito de encubrimiento real y otros, por el caso de la sustracción de documentos de la sede de la Fiscalía de la Nación, vinculado al caso Keiko Fujimori. Además, de la investigación por la presunta alteración de sus notas.
Sobre la decisión adoptada en la Junta de Fiscales Supremos, Chávarry Vallejos dijo a El Comercio que Zoraida Ávalos, es la única facultada para investigar el caso.
“Lo único que les puedo decir es que se le ha entregado el caso a la fiscal de la Nación porque ella es la única llamada a investigar el caso. No confundir”, afirmó Pedro Chávarry.
-Dúo dinámico-
En el caso del fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas, las investigaciones y audios lo ubican solicitando que el ex juez supremo César Hinostroza, pueda intervenir en procesos seguidos ante el Poder Judicial.
Además, se hallaron 24 llamadas telefónicas entre el fiscal supremo con otros integrantes de la organización criminal. Por ello, se había solicitado su impedimento de salida del país que iba a ser analizada por el Poder Judicial este viernes 18 de octubre.
“Se ha pedido la reprogramación de esa audiencia debido a los acontecimientos en la Fiscalía de la Nación”, informaron las fuentes.
Gálvez Villegas, a través de sus redes sociales, sostiene que la investigación realizada en su contra por Sánchez Velarde, es nula.
“La investigación iniciada por Pablo Sánchez es nula y configura delito de usurpación de funciones. Entonces lo único que se ha hecho es evitar que se consume un hecho nulo e ilícito”, señaló Tomás Gálvez.
Y por ello, a través de un recurso de habeas corpus pretende lograr que todo lo actuado en su contra quede sin efecto.
Las fuentes fiscales indicaron que el recurso constitucional ya fue contestado por el fiscal supremo Pablo Sánchez, y consideraron que este “no puede prosperar”.
Mientras que, en el caso del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, se le ha vinculado al proceso por haber sido señalado como la persona que alertó a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sobre la investigación que venía realizándose a la organización criminal
Además, según las pesquisas realizadas por Sánchez Velarde, este habría tenido reuniones con personas vinculadas a otros integrantes de la organización como Orlando Velásquez.
El Comercio trató de ubicar a Rodríguez Monteza en su despacho del Ministerio Público, pero indicaron que estaba fuera de la institución.