Lava Jato: Las controversias que protagonizó la procuraduría

Jorge Barata aceptó ser interrogado por fiscales peruanos a fines de febrero, pero puso una condición: que sus declaraciones no sean compartidas con el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, para que este no presente medidas contra él. 

El desempeño del procurador Jorge Ramírez ha sido cuestionado hasta por el Ejecutivo desde que anunció una cifra de 3 mil millones de soles de reparación civil para Odebrecht, lo que puso en peligro la colaboración de Barata. Sin embargo, no es primera vez que la procuraduría encargada exclusivamente a defender al Estado en este mega caso de corrupción en Perú es cuestionada desde el Gobierno o tiene una posición de enfrentamiento con la fiscalía, que está a cargo de la persecución penal del Caso Lava Jato. 

La creación de la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato fue anunciada a fines de enero del 2017, hace poco más de un año. Amado Enco, quien en ese entonces acababa de ser elegido procurador anticorrupción por concurso público, fue apartado de este proceso y Katherine Ampuero fue elegida para este cargo.

Antes de este nombramiento, Amado Enco hizo el primer requerimiento al equipo especial anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro con el objetivo de asegurar la reparación civil para el Estado. Aquí tuvo una primera controversia con la fiscalía porque esta rechazó su pedido para incautar los bienes y congelar las cuentas de Odebrecht. En ese entonces, el Ministerio Público acababa de llegar a un pre-acuerdo de colaboración con la empresa brasileña, aunque sin conocerse las condiciones del mismo. 

–La primera en el cargo–
Pocas semanas después, Katherine Ampuero asumió el cargo, en el que duró solo cinco meses. 

Ampuero, así como Enco, tuvo varios enfrentamientos con la fiscalía y su trabajo. Más de una vez, la ex procuradora criticó la labor del fiscal Castro y el rechazo a sus requerimientos. Desde la procuraduría insistían en denunciar a Jorge Barata y pedir que le inicien una investigación. Esto no ocurre hasta ahora porque es una de las condiciones para que el ex jefe de Odebrecht en el Perú declare todo lo que sabe. 

La ex procuradora también pidió al fiscal de la Nación que investiguen al presidente Pedro Pablo Kuczynski por “supuestas operaciones sospechosas y supuestos aportes" de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la que afirmaba estaba vinculada con el jefe del Estado. Este pedido fue cuestionado por Fernando Zavala, quien era el presidente del Consejo de Ministros. 

Finalmente, Marisol Pérez Tello, quien entonces era ministra de Justicia, despidió a Ampuero y explicó que lo hacía porque la procuradora aplicó mal el Decreto de Urgencia 003 e impidió a Odebrecht la venta del proyecto Olmos.

Ampuero pidió una orden de inhibición y el Poder Judicial lo declaró fundado. Esto significó, además de bloquear la posibilidad de vender el proyecto, prohibir que cualquier representante de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A transfiera las acciones que ostenta en las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A.

–El segundo cuestionado–
​La primera ministra, Mercedes Aráoz, ya ha declarado que le preocupa la "demasiada independencia" que tienen los procuradores del Estado. Este comentario fue a raíz del pedido de S/3.468'511.217,6 por reparación civil que anunció el procurador Jorge Ramírez. 

Ramírez fue nombrado durante la gestión de Pérez Tello en el Minjus. Ha tenido pocas apariciones públicas hasta hace unos días, cuando anunció el monto de la reparación civil que Odebrecht debería pagar al Estado. La alta cifra puso en peligro la colaboración de Jorge Barata, aunque la fiscalía pudo resolver y lograr la declaración. 

El Ejecutivo, a través de Aráoz, ha negado que detrás exista un intento para frustrar la declaración de Barata –quien hablará sobre PPK– y que por el contrario quieren que confiese. 

El procurador se ha defendido y ha dicho que su pedido no puede afectar el proceso de colaboración eficaz de Barata. "Son cosas diferentes. Si ellos pretenden condicionar la información al fiscal, eso es ilegal", ha dicho. 

Cuando el fiscal Hamilton Castro pidió la exclusión de Barata del proceso para allanar el camino de la colaboración, solicitud que fue admitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, el procurador también se mostró en contra de esta medida. 

A pesar de las acciones que ha logrado la procuraduría ad hoc como embargos a los investigados por el metro de Lima o el Gasoducto del Sur, así como incorporar a Odebrecht como tercero responsable en casos como Costa Verde-Callao y Vía de Evitamiento-Cusco, entre otros, lo cierto es que esta se ha mantenido enfrentada a la fiscalía por el Caso Lava Jato.