"Cómo levantar la aprobación presidencial", una crónica de Fernando Vivas

La curva de aprobación del gobierno desciende sin pudor –de 39% en mayo a 27% para el gobierno en general, de 52% a 37% para Vizcarra, de 30% a 21% para Villanueva, todas cifras de El Comercio-Ipsos– y no guarda relación con la economía que, contra el pesimismo patrio, marca una tímida proyección de 3,6% para este año, frente al 2,5% del 2017. Es más, el discreto ministro de Economía, Carlos Oliva, ha dicho que evalúa ajustar esa cifra a 4%.

Los precios de los minerales pintan bien y Martín Vizcarra, moqueguano curtido en el impacto de la minería en su tierra, es un presidente ‘de metal y melancolía’ (para citar el verso que García Lorca dedicó al Perú). Fuentes palaciegas me cuentan, precisamente, que uno de sus objetivos inmediatos, en el doble afán de detener la caída de la aprobación y entrar con buen pie al Congreso para el mensaje del 28, es anunciar algún importante paquete minero sin conflicto de por medio.

Inversión privada y paz social es la dupla ideal, según comentó otra fuente, para crecer en PBI y en aprobación.Una fuente contó que Vizcarra ha fichado a Robert McDonald Zapff, ex gerente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) y ex funcionario de Pro Inversión, como asesor técnico con la misión de concentrarse en la promoción de la inversión privada.

El realismo político y económico se impone: más que el limitado y contingente impacto que la inversión pública tiene en la reactivación económica y a la vez en el déficit fiscal, el gobierno quiere que veamos que es capaz de generar confianza en los inversionistas privados. (Antes de cerrar estas líneas, confirmé con el propio McDonald su fichaje).

—No todo es diálogo—

No solo la gran minería importa, sino la mediana, la pequeña, la artesanal informal y la que siendo hoy ilegal podría dar el paso a la formalidad. Fuentes de la PCM dicen que “hay un proceso de formalización minera en marcha”, para lo que están trabajando con distintos gremios del rubro.

A Vizcarra y Villanueva no parece preocuparles demasiado la percepción ciudadana respecto a quién toma las decisiones más importantes del país (según una reciente encuesta de Datum, 63% dice que lo hace el Congreso y 23%, el presidente).

Sin embargo, en su entorno se percibe cierta conciencia de que son anuncios que no dependan de iniciativas legislativas, de facultades delegadas o de Fuerza Popular, sino de gestos y diálogos con la sociedad organizada, los que mejor harían por levantar no solo la aprobación, sino la sensación de que Palacio manda de verdad.

Ante mi inquietud sobre la firmeza que ha faltado en algunos de esos diálogos, la PCM me respondió: “La política del diálogo no debe confundirse con debilidad, sino con fortaleza e inteligencia” y que por eso, “en medio de una gran crisis política heredada”, habían “resuelto conflictos latentes con maestros, arroceros, comunidades nativas y mineros artesanales”.

Me dijeron que el Caso Tullow (la anulación de los decretos por los cuales la gestión de PPK adjudicó lotes a esa empresa petrolera) se produjo para garantizar “la licencia social” y que “la empresa lo entendió y va a volver a participar”.

Cuando indagué con las mismas fuentes oficiales sobre temas de salud, educación, seguridad, género y lucha contra la corrupción, no me dieron información oficial, pues se encuentran recolectando los puntos fuertes que, en cada uno de esos rubros, se mencionarán en el mensaje del 28.

Pero otras fuentes me dijeron que es posible que muy pronto haya anuncios en materia de celeridad en protocolos de atención hospitalaria y en atención a ciudadanos en comisarías.

—Las oportunidades perdidas—

Si algo sorprende entre los analistas de la (des)aprobación, es que el gobierno desaproveche las oportunidades de hacer anuncios firmes ante casos y emergencias que demandan respuestas inmediatas. Por ejemplo, al inicio de la semana se viralizó un video de un niño clamando ayuda ante la inclemencia del frío andino. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, demoró tres días en llegar a él. Antes se le hicieron vagas promesas de ayuda.

Al margen del debate de qué ministro es el que debía responder a esa emergencia, mis fuentes admiten que la mayoría del Gabinete no ha terminado su ‘media training’ y tarda en responder a los retos públicos de su gestión. Daniel Alfaro, de Educación, recién lo está haciendo, pero Ana María Mendieta, ministra de la Mujer, parece padecer un pánico escénico que le ha impedido encarnar la preocupación oficial ante los brutales feminicidios.

La lucha contra la corrupción y la inseguridad es un rubro vital en el que la ciudadanía quiere percibir la preocupación del Estado. Nos enteramos recientemente del caso del alcalde Mardonio Guillén, del distrito ayacuchano de San Juan Bautista, que contó a algunos medios que el propio Vizcarra lo había instado a que denuncie que estaba siendo extorsionado por pillos del MEF.

Un abogado de Palacio lo acompañó a hacer su denuncia a la fiscalía y ya hay un funcionario, Jaime Gálvez Delgado, cabeza de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial, que ha renunciado tras el escándalo. El gobierno podría anunciar con más énfasis que el que ha puesto hasta ahora su interés en llegar al fondo de este caso de corrupción enquistada en el baluarte de la tecnocracia.

Tras conversar con fuentes del entorno de Vizcarra y de la PCM, queda claro que no hay en el gobierno un ánimo de hacer anuncios efectistas con el propósito de aumentar su popularidad. El estilo de ambas cabezas privilegia el sentarse a dialogar antes que pararse a lanzar anuncios.

Sin embargo, Vizcarra sí tomó una decisión con significativo cálculo político: visitó a PPK como un gesto para consolidar la relación con su bancada. Luego se reunió con ellos y con Villanueva para acabar de limar asperezas y saber que cuenta con operadores políticos dispuestos a comprarse sus pleitos ante el Congreso y ante las cámaras