Nueve testigos de Brasil incriminan a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Casi 130 elementos de convicción contra el ex presidente Ollanta Humala y más de 230 contra su esposa, Nadine Heredia, sustentan la acusación que el fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche presentó contra la pareja por el presunto delito de lavado de activos agravado.

Con estos, la fiscalía busca demostrar en un próximo juicio oral que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011.

—Gobiernos y corrupción—
Según la tesis planteada en el caso de la campaña del 2006, el fiscal explica que, durante la gestión del ex presidente venezolano Hugo Chávez se habría pactado el apoyo a la campaña electoral.

El dinero aportado, indica Juárez, provino de las arcas del Estado Venezolano que Chávez usó “para beneficio propio y de terceros”. Muestra de que el dinero era ilegal, indica, es que su gobierno habría usado a las empresas Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores (Veneval) para hacer las transferencias a los Humala.

Otra muestra de que la pareja presumía la ilicitud del dinero, agrega el fiscal, fue que los aportes no los recibieron ellos, sino que se hizo a través de Antonia Alarcón Cubas, madre de Heredia, y de su amiga Rocío Calderón; quienes hicieron depósitos posteriores a la ex primera dama. Esta a su vez lo introdujo en la alianza política por la que postuló a Humala y, luego, adquirió bienes inmuebles.

Para la campaña del 2011, el fiscal sostiene que el aporte de OAS (aproximadamente US$500 mil) habría salido de una contabilidad paralela cuyo dinero provenía de los contratos ganados por la empresa a través de pactos corruptos.

Dicha ilicitud habría sido presumida por los acusados, ya que los pagos que la empresa hizo a Heredia a través de Calderón y el pago a Valdemir Garreta por la publicidad de la campaña del Partido Nacionalista Peruano no correspondían a los actos legales propios de la empresa.

En el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, este habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia” que provenía de los actos de corrupción en Brasil y otros países y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.

Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero.

—Los brasileños—
Para demostrar lo anterior, el fiscal ofreció como elementos de convicción las declaraciones de nueve testigos brasileños que incriminan a los Humala.

Por parte de Odebrecht, están Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva. Ellos habrían declarado sobre la “relación corrupta de la empresa con el PT”, la contabilidad y los pagos a la pareja peruana a través de la División de Operaciones Estructuradas.

También fue ofrecido Valfredo de Assis Ribeiro de OAS, para que declare sobre el dinero entregado a Heredia. Además, sobre la forma en que la empresa ganó la buena pro del hospital Lorena de Cusco en la gestión del nacionalista Jorge Acurio.

Además, están los publicistas Valdemir Garreta, Joao Santana y Mónica Moura, quienes deberán explicar el interés que el PT tenía en apoyar la campaña de Humala.

El fiscal indica que pudo haber existido un “pacto antelado de colusión” con OAS y Odebrecht. “Siendo así, las obras entregadas [por el Gobierno Central] durante el gobierno de Ollanta Moisés Humala Tasso, a las empresas OAS y Odebrecht, resultarían cuestionables”.

También fueron ofrecidas como pruebas las agendas de Heredia, una declaración del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los audios interceptados legalmente sobre el Caso Madre Mía.

—“No existen pruebas objetivas”—
El abogado Raúl Pariona, defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sostuvo que la declaración de los nueve testigos brasileños “son solo sus dichos que deben ser documentados”.

“No existe ninguna prueba objetiva [contra Humala y Heredia]”, dijo.

Sobre la presunción de que el dinero recibido era ilícito, indicó que en el caso de las empresas brasileñas es importante la línea de tiempo, ya que en el 2011 no se sabía de las prácticas corruptas que tenían.