Bolivia, Chile… ¿y el Perú?

Toda la región se ha visto impactada por la ola de protestas de las últimas semanas o meses: Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia... Particularmente llamativos han sido los sucesos de Chile, por afectar al país en el que aparentemente había menos probabilidades de que ocurriera lo que está pasando: protestas que cuestionan el carácter excluyente del orden social y político, de una masividad, persistencia y niveles de violencia desconcertantes.

El Perú tiene ciertamente una larga y continua historia de protestas y conflictos. Según datos del Barómetro de las Américas del 2017, el Perú aparece en los primeros lugares en cuanto a participación de los ciudadanos en protestas sociales junto a Bolivia, Venezuela, Paraguay, Colombia y Brasil, muy por encima de los porcentajes de Chile o Ecuador. Sabemos por los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo que tenemos muchos conflictos. En octubre se registraron 134 activos y 53 latentes, de los que el 67% tiene como causa asuntos socioambientales. Pero la última ola de protestas en Chile y otros lugares llama la atención porque no tienen una convocatoria o liderazgo claro, una estructura organizativa aparente detrás, pero muestran una extraña capacidad de agregar demandas y reivindicaciones muy disímiles, de sectores muy heterogéneos, particularmente jóvenes, logrando movilizar cientos de miles de personas, donde algunos grupos recurren a repertorios que implican prácticas de mucha violencia y que llegan a conmocionar la institucionalidad política.

En nuestro país hemos visto algo de este tipo de dinámica: el pequeño colectivo No a Keiko fue capaz de movilizar miles de personas en el 2016 y después, muy disímiles y sin mayor contacto entre sí, en diferentes partes del país, partiendo de convocatorias en redes sociales; e incidieron poderosamente en los resultados electorales y en coyunturas claves de los gobiernos de PPK y Martín Vizcarra. Otro antecedente son los colectivos de jóvenes en contra de la ley de promoción del empleo juvenil a finales del 2014 e inicios del 2015, que lograron la derogación de esa ley. La encuesta de octubre del Instituto de Estudios Peruanos muestra que un 42% percibe que las marchas son un mecanismo eficaz para lograr cambios, que hay muchas razones por las cuales salir a marchar (incluyendo banderas conservadoras) y que por lo menos un tercio justifica recurrir a diversas formas de disrupción del orden público en las protestas.

En nuestro caso ha ayudado que lo que podría haber articulado el descontento, el rechazo a la élite política, se ha canalizado a través de la disolución del Congreso, las nuevas elecciones y la acción de la justicia. Pero si los resultados de las elecciones del 2020, 2021 y 2022 son decepcionantes, y los procesos judiciales no terminan con sentencias firmes en casos emblemáticos, el riesgo de sufrir escenarios similares no es desdeñable. Está en todos implementar los cambios necesarios para evitarlos, empezando por el próximo Congreso.