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Viene cargado el último tramo del gobierno del presidente Martín Vizcarra. A la desafiante gestión de una pandemia, se suma una relación con el Parlamento que se viene convirtiendo en el principal frente de problemas para la administración. Y para el país.
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En tal desenlace confabulan no solo los ocupantes de la mayoría de curules, sino también la negligencia con que se manejó el Ejecutivo tras la disolución del Parlamento, en septiembre del año pasado: se optó por no presentar ni endosar alguna lista parlamentaria, basado –al parecer– en una mezcla de excesiva e ingenua neutralidad con expectativas cándidas.
La composición del Parlamento, frente al peso que aún conservaba Vizcarra, anunciaba escenarios distintos a la realidad que hoy se plasma. Fernando Rospigliosi describía “un Congreso fragmentado, sin posibilidades reales de constituir un contrapeso al poder del Ejecutivo” (El Comercio, 1/2/2020).
El problema es que la fragmentación que se anunciaba como utilitaria para un gobierno sin bancada ha terminado por ser reemplazada por un ánimo consensual –que por momentos aglomera a bancadas tan disímiles como FP y FA– con motivaciones de distinta naturaleza.
Cuando estaba por instalarse el Parlamento, se pensó que podrían concretarse algunas reformas con miras al bicentenario. La composición de la Mesa Directiva, entre AP, APP, Podemos y SP, con un acuerdo de gobernabilidad bajo el brazo, incrementó tal entusiasmo.
Pero la rápida revisión del perfil de los integrantes del nuevo Congreso, en el que abundan políticos con aspiraciones legítimas en las elecciones subnacionales del 2022, podía avizorar una gestión en que se tome erróneamente aquella frase común en la política estadounidense de que “toda política es local”.
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La última semana ha sido particularmente gráfica sobre lo que viene en los catorce meses de gestión que le quedan, con la aprobación -–por insistencia– de la ley que suspende el cobro de peajes.
¿Hay espacio para un cambio de escenario en los meses que quedan? Muy difícil que una minoría crítica se consolide. De hacerlo, será una agenda muy acotada –en la que se mezclarán gestos declarativos, con legislación muy limitada–, con pocas opciones de lograr una correlación que supere a los 100 votos que han caracterizado las decisiones insensatas de las últimas semanas.
El populismo burocrático –aquel que usa la aprobación de leyes como arma privilegiada del clientelismo– se anunciaba en algunas leyes del Congreso previo que hacían huecos enormes al fisco. Hoy parece finalmente haberse instalado. ¿Podrá desmontarse en las urnas en el 2021?
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