No es un escuadrón de la muerte, por Cecilia Valenzuela

En los últimos días se ha descubierto una organización criminal al interior de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entre sus crímenes estarían el asesinato de tres policías y la ejecución extrajudicial de por lo menos 27 delincuentes. Sin embargo, no se trata de un escuadrón de la muerte: lo que habría reunido a un grupo de oficiales violentos, insubordinados, de rasgos patológicos y con aires de justicieros. No. Lo que ha convivido los últimos cuatro años con la Policía Nacional del Perú, ha sido una estructura delictiva organizada para sostener en el poder a altos funcionarios de este gobierno y a los altos oficiales que los secundaron; a cambio y bajo la protección de estos, policías de menor graduación pudieron delinquir, asesinar y emboscar policías opuestos a ellos, ejecutar delincuentes de poca monta haciéndolos pasar por criminales de altísima peligrosidad, ascender, cobrar recompensas y hacerse del presupuesto asignado a las operaciones de inteligencia de su institución.

Durante cuatro años los ministros del Interior y los jefes de la policía dieron golpes mediáticos de impacto, anunciando operaciones extraordinarias en las que, alertados por la dirección de Inteligencia de la PNP, agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas evitaban asaltos, secuestros y latrocinios. Lo que ahora se sabe, porque los oficiales de la propia Inspectoría de la Policía lo han descubierto, es que en la mayoría de los casos se trataba de psicosociales, que todo salía de una fábrica de embustes ubicada en una casa de  propiedad de la Dircote,  en la calle Barataria en Chorrillos.

Los seis casos que se investigan en las fiscalías de Ica, Lambayeque, Lima provincias y Lima Metropolitana comprenden, bajo el cargo de homicidio agravado, a 96 policías entre oficiales y suboficiales, todos presentan el mismo modus operandi: la ejecución extrajudicial de ladronzuelos a los que primero embaucaban a través de informantes convertidos en intermediarios y luego asesinaban haciéndolos pasar por peligrosísimos y avezados criminales.

En el camino, se ha establecido, que el jefe del grupo a cargo de estos operativos psicosociales es el comandante de la Dirin, Enrique Prado Ravines, quien habría contado en todo momento con el aval y la protección del general Vicente Álvarez Moreno y del viceministro Iván Vega Loncharich.

En el expediente de Inspectoría aparecen las solicitudes expresas y firmadas que el general Álvarez realizó al comando policial para que traslade a Prado Ravines a las unidades en las que él se encontraba al mando, así como las recomendaciones que él mismo suscribió para sus ascensos, que fueron dos en solo cuatro años: Prado Ravines comenzó este gobierno como capitán y lo despide como comandante.

Se sabe además que Álvarez Moreno incorporó a Prado Ravines a la Brigada Lobo, ese anexo del Comando de Inteligencia y Operaciones especiales Vraem que creó Iván Vega, para atribuirse los éxitos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona convulsionada.

Fuentes bien informadas sostienen que Vega, a todas luces el hombre de Nadine Heredia en los ministerios de Defensa e Interior, encontró útil a Prado entre otras cosas por su capacidad de infiltrar el personal de las empresas de telefonía en el país; en la policía Prado es conocido como el “triangulador” por su facilidad para interceptar cualquier teléfono.

Aun así todavía no se conoce el verdadero alcance de esta organización, Inspectoría de la Policía sufrió muchas presiones y sus investigadores fueron amedrentados. El poder político estuvo detrás todo el tiempo y la complicidad alcanzó a la Dirección General.  

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