Estado Peruano: ¿brazos caídos?

El contraste entre el ralentizado ánimo político tras la disolución del Congreso y el estallido social en los países vecinos ha hecho creer que el Perú está inmunizado contra una intranquilidad similar. Se ha querido atribuir la aparente calma a la dura decisión del presidente Martín Vizcarra y al presunto avance en las investigaciones judiciales del Caso Lava Jato.

“Hay tranquilidad gracias a la disolución del Congreso y al avance de las investigaciones. Cuando se trata de explicar qué pasa en Chile, uno de los motivos de descontento profundo es la impunidad general, ellos han tenido problemas de aporte de campaña y todo lo han barrido debajo de la alfombra. […] Ha sido mucho mejor [que se investigue en el Perú]”, ha dicho, por ejemplo, Gino Costa (programa “No hay derecho” de Ideele Radio, 21/10/2019).

Pero tal indulgencia podría ser errada. Los lentos avances en los casos de corrupción conviven con un ánimo que puede ser mezcla de desidia o temor en el sector público –no solo el Ejecutivo– que podrían estar fermentando un hartazgo mayor, de impacto impredecible en las elecciones del 2020 y 2021. Junto con funcionarios comprometidos y esforzados, conviven aquellos ajenos e insensibles a las demandas de la ciudadanía.

Qué decir, por ejemplo, cuando se liberó a los investigados Edwin Luyo y Jorge Cuba, por exceso de carcelería, el pasado 6 se noviembre. Como se recuerda, Luyo y Cuba fueron altos funcionarios en el segundo gobierno de Alan García y se les investiga por sobornos en el Caso Metro de Lima. Purgaban prisión preventiva desde enero del 2017, que había sido extendida en agosto del 2018. Los integrantes del equipo especial Lava Jato, tan proactivos en ver confabulaciones, han sido hasta ahora incapaces de presentar la acusación correspondiente.

Algo similar ocurre en el caso del transporte urbano en la capital. Esta semana se pudo evitar un paro de los proveedores del servicio de buses, pero la solución al problema parece aún lejana. Como se sabe, los concesionarios están hartos de que el municipio capitalino incumpla con el compromiso de dotar de condiciones mínimas para el servicio. Las sucesivas gestiones ediles se han comportado con un clamoroso desinterés en este campo.

En el Ejecutivo llaman la atención los preocupantes índices de ejecución presupuestal que presentaba este Diario hace unos días: hasta el 31 de octubre, solo se había ejecutado el 46,4% del presupuesto. En el desagregado, el gobierno nacional había avanzado solo 51%, mientras que los números eran peores en los gobiernos regionales (39,2%) y locales (45,8%).

La apatía y el temor con los que parecen manejarse los asuntos públicos recuerda a una huelga de brazos caídos, un tipo de protesta que está casi en desuso entre los recursos a los que echan (echaban) mano los sindicatos. En ellas, los trabajadores asistían al centro de labores, pero no ejecutaban las acciones esperadas. ¿Es esa la actitud que prima en los casi 1,5 millones de funcionarios públicos del Estado Peruano?