La madre del cordero

Las razones por las cuales el Estado compró pruebas serológicas en lugar de moleculares, se demoró en comprar vacunas y cuando lo hizo no podía traerlas, y no atina a comprar oxígeno, entre muchas otras acciones fallidas, son las mismas que explican el escándalo de las vacunas VIP: la apropiación de entidades del Estado por parte de gremios o grupos o argollas que actúan como si dichas instituciones fueran de su propiedad, de modo que trabajan para sus propios fines, no para los de la sociedad. Es el neopatrimonialismo, padre de la corrupción.

El caso del oxígeno medicinal es notorio. Su importación y la de equipos de concentración de oxígeno doméstico –que serían la solución a la cantidad de gente que se enferma y muere en sus hogares– solo puede ser realizada por droguerías certificadas por la Digemid que, además, debe aprobar cada importación.

El 2020 solo dio pase a 220 concentradores domésticos. Empresas traen esos equipos, pero la Digemid no las autoriza a sacarlas del aeropuerto porque no son droguerías. Aquí el punto: cada droguería –y cada farmacia– debe tener en planilla químicos farmacéuticos que deben estar al día en sus cotizaciones al Colegio de Químicos Farmacéuticos. La propia Digemid está integrada casi solo por esos profesionales. Ha sido capturada por ese gremio.

Es decir, no interesa resolver el problema mortal de la falta de oxígeno, sino que los químicos farmacéuticos tengan trabajo y estén al día en sus cotizaciones. Es un círculo vicioso: el gremio, dotado así de recursos cautivos, consigue leyes y normas que le otorgan cada vez más poder y control a la Digemid. Nada se mueve sin su aprobación. Productos muy sencillos requieren registros complicados. Resultado: no hay oxígeno.

Casi todo funciona así. Por eso las entidades del Estado no pueden resolver problemas. No están centradas en las necesidades de los usuarios, sino en asegurar beneficios para sus “dueños”. No operan por resultados, sino por intereses. No miran hacia afuera, sino hacia adentro. Y la proliferación de requisitos y trabas para la actividad privada funciona también hacia adentro. Entonces son entidades extremadamente lentas, aherrojadas.

Las trabas, por supuesto, son peajes. Generan corrupción. En organizaciones así el incentivo que sí mueve a la acción no es resolver la crisis, sino sacar ventaja de ella. Por eso no se puede descartar la hipótesis de que se rechazó la oferta de 30 millones de vacunas de AstraZeneca en setiembre y no se compró Pfizer en octubre porque el arreglo se estaba haciendo con Sinopharm. Y no se querría autorizar a privados a traer la vacuna porque pondrían en evidencia el alto precio pagado por el Estado.

Para una cultura de ese tipo, es natural manejar la vacuna como si fuera propia y no de todos los peruanos, de modo que tengo el derecho a aplicármela antes que los que la necesitan. No distingue el bien público del propio o privado.

Por eso resulta tan difícil implantar el régimen de la ley de servicio civil y los sindicatos públicos logran que el Congreso lo perfore cada vez: porque es meritocrático, se ingresa por concurso, se debe cumplir metas. Rompe el patrimonialismo.

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