Peor, ¿imposible?

La aplastante aprobación de la ley que habilita el retiro de fondos administrados por la ONP (106 votos a favor, solo 3 en contra, y 15 abstenciones) hace que los poderes del Estado deban visitar, nuevamente, los ámbitos constitucionales. El desenlace constitucional es predecidle, dados los gruesos visos de inconstitucionalidad que el texto aprobado tiene: contravenir al menos los artículos 12 (intangibilidad de los fondos previsionales) y 79 (el Congreso no tiene iniciativa de gasto).

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¿Son conscientes los 106 votantes de estos flancos? ¿O, siéndolo, acaso consideran que por la presunta preocupación por los pensionistas bien vale pena contravenir el artículo 102 que indica en su inciso 2 que los congresistas deben “velar por el respeto de la Constitución”?

Son asuntos que no deben perderse de vista cuando este mismo Congreso se apresta a iniciar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). El actual Parlamento se ha mostrado capaz de superar la fragmentación con que nació y juntar en reiteradas ocasiones más de cien votos.

Sería irónico, por lo demás, que un Parlamento nacido de la conjetural preocupación del Ejecutivo por asegurar una elección idónea termine eligiendo a personas de dudosa capacidad.

Se dirá que, sin haber siquiera candidatos, esta mirada resulta prejuiciosa. Pero poco puede esperarse de la comisión que se ha formado, propuesta por el congresista José Luna (Podemos), cuya agrupación nació en medio de cuestionamientos aún no aclarados. ¿O se ha olvidado que estos originaron la suspensión del entonces jefe de la ONPE Adolfo Castillo?

El grupo sugerido por Luna está compuesto por los congresistas Rolando Ruiz (AP), José Vega (UPP) y Tania Rodas (APP). De Ruiz y Rodas se sabe poco. Vega, en cambio, es un viejo político que ha llevado al partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar a una versatilidad llamativa: aliarse en el 2011 con Solidaridad Nacional, el partido de Luis Castañeda, y en el 2020 con Antauro Humala.

Dentro de su apuesta ecléctica, Vega ha mostrado posiciones efectistas, que hoy parecen haberse olvidado. El 19 de enero pasado, en un debate organizado por el JNE, el candidato Vega dijo: “Nuestros flagelos más grandes son la corrupción e inseguridad ciudadana… Por eso para nosotros es prioridad cambiar la Constitución y restablecer la pena de muerte para los violadores”.

Nada garantiza que el Congreso del 2021 sea muy distinto al actual. Al final, poco ha cambiado en la oferta y la demanda. Pero, dado que será una gestión de cinco años (eso se espera), al menos habrá tiempo para exigirles cuentas a quienes elijan a los miembros del TC.

Si las altas votaciones que se han alcanzado para votar insensateces se mantiene para elegir a los miembros del TC, el panorama político será aún más complicado que el actual, marcado por un Ejecutivo errático y un Legislativo imprudente. Al final de cuentas, muchas de las decisiones más importantes de tiempos recientes han terminado siendo dirimidas en este tribunal. ¿Será posible llegar a tal coyuntura?

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