"Más importante, ¿qué incertidumbres trae la composición del breve Parlamento 2020-2021? Ignazio de Ferrari planteaba una “coalición electoral alrededor de un programa reformista”, a la que debería estar “asociado” Vizcarra". (Foto: Andina)
"Más importante, ¿qué incertidumbres trae la composición del breve Parlamento 2020-2021? Ignazio de Ferrari planteaba una “coalición electoral alrededor de un programa reformista”, a la que debería estar “asociado” Vizcarra". (Foto: Andina)
José Carlos Requena

El inmejorable momento que vive el presidente en el ánimo ciudadano (un sólido e inédito 79% de aprobación, 31 puntos porcentuales más que el mes anterior, según la encuesta de publicada hoy) no debe hacer olvidar una consecuencia inevitable de la popular disolución del Congreso: tras la euforia revestida de republicanismo, se abre inevitablemente una etapa de preguntas sobre el interregno electoral y lo que vendrá después.

Algunas interrogantes van encontrando respuestas en el camino, pero estas dejan un sabor de perplejidad y desconcierto. Entre ellas están, por ejemplo, las referidas a las reglas con que se afrontarán los comicios de enero del 2020.

Esta semana se supo que tres de las reformas por las que se planteó cuestión de confianza hace algunos meses y por las que Vizcarra luchó denodadamente no se aplicarán para elegir al Parlamento que completará el período congresal hasta julio del 2021. Parece lo más sensato, viendo lo improvisada que podría resultar su aplicación.

Pero vale preguntarse si tuvo sentido el apuro con que se llevó el debate en torno a estos cambios.

También se abren preguntas sobre los desenlaces constitucionales. Esta semana, Pedro Olaechea planteó una demanda ante el TC. Al hacerlo, firmó como presidente del Congreso, lo que fue considerado por Vizcarra como una “usurpación”.

El abogado Omar Cairo cree que Olaechea no puede presentar tal demanda, ya que “la única función que tiene [la Comisión Permanente, que Olaechea preside] es revisar decretos de urgencia, no reemplazar al pleno [del Congreso]” (Canal N, 11/10/2019).

El 1 de octubre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que “le compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”.

¿Cómo ejecutar esta recomendación? Sin un equivalente parlamentario, ¿quién presenta la demanda sin usurpar funciones?

Ni qué decir de lo que pasará con lo que ha sido el principal talón de Aquiles de la administración Vizcarra: un desempeño que lo haga digno de llamarse Ejecutivo. ¿Será sostenible, por ejemplo, el ambicioso Plan Nacional de Infraestructura presentado el 3 de setiembre pasado?

Más importante, ¿qué incertidumbres trae la composición del breve Parlamento 2020-2021? Ignazio de Ferrari planteaba una “coalición electoral alrededor de un programa reformista”, a la que debería estar “asociado” Vizcarra. Pero es difícil ser optimista con lo que ha caracterizado a las reformas promovidas por el presidente.

Como si fuera poco, se abre la inevitable pregunta sobre los precedentes y el impacto de la medida, que con precisión han planteado Michael Reid (“The Economist”, 10/10/2019) y Carlos Meléndez (“Perú 21”, 5/10/2019). ¿La “caja de Pandora” a la que se refiere Reid nos llevará inevitablemente a las “zonas grises” que menciona Meléndez?