¿Es en serio?, la columna de David Rivera

En CADE de diciembre último, Patricia del Río le preguntó a Keiko Fujimori por la investigación por lavado de activos que la fiscalía realizaba a Joaquín Ramírez, secretario general de su partido. Sobre cómo su presencia se correspondía con la promesa de rodearse de gente intachable. La candidata, con la “habilidad” política que la ha caracterizado en esta campaña, puso en duda las acusaciones afirmando que eran producto de un correo electrónico anónimo, y que habían aparecido luego de que Ramírez asumiese un cargo político en el partido. Agregó que mantendría el principio de inocencia, pero que si se comprobase lo contrario, sería muy firme en su decisión.

Cuando luego se le ha planteado la misma situación, ha respondido muy parecido, pero también ha caído en una contradicción. En medio de su argumentación, ha afirmado que su partido siempre ha sido coherente frente a la corrupción, separando a los investigados hasta que los procesos se resolviesen. ¿Era entonces Ramírez una excepción?

El último domingo, luego de conocerse que la DEA está investigando a Ramírez (no a ella, aunque haya sido mencionada por su también jefe de campaña), la periodista Sol Carreño le consultó a la candidata si nunca le había preguntado por sus propiedades al también congresista. Tras unos breves segundos, respondió que no.

Veamos. En setiembre del 2014, la procuradora Príncipe presentó a la fiscalía la solicitud de investigación de Joaquín Ramírez y 19 de sus empresas por presunto blanqueo de dinero de procedencia ilícita. Según diversos medios, el documento consta de 1.450 folios y 350 anexos producto, según afirmó la procuraduría, de meses de revisión de información que evidencia operaciones inusuales, como aumentos de capital y adquisición de inmuebles y vehículos, así como de empresas inmobiliarias, grifos y clubes de fútbol.

Considerando ello, ¿en serio Keiko Fujimori pretende hacernos creer que jamás le ha preguntado a Ramírez por sus propiedades e inversiones? Asumamos que, como dicen en Fuerza Popular, detrás de la denuncia hay una motivación política. Asumamos también que no es cierto que Keiko le dio a Ramírez US$15 millones. Es más, asumamos que la DEA no está investigando a Ramírez. ¿No tendría igual que explicarnos cómo así nunca ha tenido la necesidad de consultarle o investigarlo considerando la evidencia presentada por la procuraduría? ¿Falta de curiosidad, desdén o alguna razón en particular? ¿Por qué no puede ser “coherente” y hacerlo a un lado? ¿Algún parecido con las razones que le impedían a su padre hacerlo con Vladimiro Montesinos? ¿Cómo así ahora su hermano Osías Ramírez, socio en varias de sus empresas, ha entrado al Congreso encabezando la lista por Cajamarca a pesar de haber sido investigado por la UIF?

Ojo. Fuerza Popular es el partido que tiene la mayor cantidad de congresistas elegidos con sentencias o procesos de investigación abiertos. A pesar de ello, Keiko Fujimori no se ha cansado en repetir que han sido muy escrupulosos en la selección de sus candidatos. ¿En serio pretende que creamos que no corremos el riesgo de volver a una versión editada y mejorada de los 90?  

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