Paulina Facchin Arp es una abogada y activista venezolana que vive en el Perú desde el 2011. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
Paulina Facchin Arp es una abogada y activista venezolana que vive en el Perú desde el 2011. (Foto: Renzo Salazar/GEC) / RENZO SALAZAR
Alicia Rojas Sánchez

La ciudadana , de nacionalidad venezolana, apeló el último martes 17 junto a su abogado Joseph Campos una resolución jefatural de en la que se la sanciona con la expulsión del Perú y el impedimento de ingreso al país por 15 años, a pesar de que cuenta con la calidad migratoria de inmigrante (residente permanente).

Facchin Arp vive en el Perú desde febrero del 2011, debido a que un año antes su menor hija fue atacada en Venezuela. La orden de expulsión la llevaría de retorno a ese país.

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Resolución jefatural de Migraciones, de fecha 9 de mayo del 2022, en la que se sanciona a Facchin Arp con la expulsión del Perú. (Captura: Migraciones)
Resolución jefatural de Migraciones, de fecha 9 de mayo del 2022, en la que se sanciona a Facchin Arp con la expulsión del Perú. (Captura: Migraciones)

El 11 de mayo, presentó una demanda de hábeas corpus para anular la resolución. En el documento, expone que en el Perú se ha dedicado a actividades humanitarias y la defensa de la libertad, democracia y derechos humanos de Venezuela. Pese a la distancia, sostiene que ha seguido siendo hostigada por el régimen de su país y desde el 2017 no tiene un pasaporte vigente, con lo cual se viola su derecho a la identidad. “Ella no hace política aquí. Esos actos humanitarios pueden ser interpretados de otra manera, pero no es hacer actos políticos”, dijo Campos a El Comercio.

Procedimientos

La resolución jefatural de Migraciones indica que el 16 de agosto del 2021 se inició un proceso administrativo sancionador contra Facchin debido a que “habría presentado falsa declaración” para obtener la nacionalidad peruana el 2018. La ciudadana sostiene que cuando se realizaba ese trámite se vulneraron sus derechos fundamentales porque no se le notificó el informe en que se le imputaba una serie de conductas.

El abogado Campos indicó que las acusaciones son falsas y que se estarían contraviniendo ciertos principios por reabrirse un procedimiento sancionador del 2020, por los mismos hechos, que había sido declarado caduco.

“[¿Por qué se inicia el segundo proceso?] Es la mejor pregunta que tenemos. Se reactivó y nos pusieron en conocimiento, simplemente eso. La resolución solo puso lo mismo”, señaló Campos.

Migraciones imputa a Facchin Arp dos faltas con base en un acta de verificación de Migraciones del 22 de mayo del 2019: presunta falsedad al manifestar que trabajaba para Del Castillo Abogados Consultores S.C.R.L. y que prestaba servicios en Inversiones Lizarp S.A.C.

(Apelación presentada por Facchin y su abogado)
(Apelación presentada por Facchin y su abogado)

Respecto a la primera, la apelación indica que el vínculo laboral con el estudio concluyó el 31 de julio del 2018. La renuncia voluntaria y aceptada fue señalada por Facchin Arp en la referida verificación e informada en el Registro de Información Migratoria. En cuanto a la segunda, la ciudadana es gerenta general y accionista de la empresa y se le cuestionó que el domicilio fiscal fuera su casa.

“Que la empresa no tenga trabajadores y que no haya generado ingresos el año 2018, [...] la mayoría de las empresas en el siglo XXI no tienen inmuebles propios”, agrega la apelación presentada.

Riesgos

“La resolución jefatural vulnera el principio de no devolución, porque mi vida y mi integridad correrán peligro en Venezuela, país al que me expulsarían por ser mi única nacionalidad de allí”, indica Facchin Arp en su recurso de apelación, pues es opositora al régimen venezolano. Por tanto, dice que habría peligro de irreparabilidad y se incumpliría el artículo 22 de la Convención Americana sobre DD.HH., vinculante para el Estado Peruano.

“¿Por qué lo hacen? No hay respuesta en el derecho. Esto sugiere una vocación detrás. [...] En estas circunstancias con el Gobierno, que ha recompuesto lazos con Venezuela, no sería extraño que esta resolución de Migraciones tenga una explicación en esa situación política”, dijo Campos. Agregó que su defendida se encuentra a buen recaudo.

Además de la demanda de hábeas corpus y la apelación presentada por Facchin y Campos, un grupo de abogados -Aníbal Quiroga, Lourdes Flores Nano, Natale Amprino, Marisol Pérez Tello, entre otros- presentó el último jueves al Poder Judicial un amicus curiae para respaldar que se declare fundada la demanda presentada por la activista venezolana.

Amicus curiae presentado por: Aníbal Quiroga, Eduardo Ponce Vivanco, Martín Belaúnde Moreyra, Lourdes Flores Nano, Natale Amprino, Marisol Pérez Tello, entre otros.
Amicus curiae presentado por: Aníbal Quiroga, Eduardo Ponce Vivanco, Martín Belaúnde Moreyra, Lourdes Flores Nano, Natale Amprino, Marisol Pérez Tello, entre otros.

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