Pedro Castillo: hay al menos 79 investigados por casos vinculados al expresidente

Unidad de Investigación

A fines de mayo del 2022, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tomó una decisión que marcó un antes y un después para los presidentes de la República y para Pedro Castillo, en particular.

Sánchez dispuso investigar de manera preliminar a Castillo por hechos ocurridos durante su gobierno. Así, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio con una indagación de ese tipo.

La pesquisa era por la presunta organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la cual habría dirigido obras como Puente Tarata III, caso que El Comercio reveló.

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Aparte de ese caso, hay otros ocho que son investigados por la fiscalía. Estos involucran al exmandatario o a personas relacionadas a él.

De todos (nueve en total), solo uno, el del presunto plagio de su tesis de maestría, dirigido por una fiscalía de Cajamarca, es por hechos anteriores a su elección como presidente. El resto está a cargo de la Fiscalía de la Nación (FN) o del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Así como el número de casos investigados es alto, lo mismo pasa con la cantidad de implicados. De acuerdo con una revisión realizada por este Diario de las disposiciones fiscales y documentos relacionados con las pesquisas, al menos 79 personas están comprendidas en los nueve casos investigados (algunas en más de uno). Estas provienen de distintos círculos de confianza del exmandatario: hay familiares (7), exministros (8), funcionarios y exfuncionarios (25), congresistas (6) y empresarios (11), entre otros grupos.

En el primer año

“[...] Solo emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”, dijo Castillo durante su mensaje a la nación del 28 de julio del 2022, al cumplirse un año de su gobierno.

Para ese entonces, Castillo ya afrontaba investigaciones preliminares por cinco casos, con un número alto de implicados.

En el Caso Puente Tarata-MTC, al menos 20 personas son investigadas, entre ellas el exministro Juan Silva, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López, los sobrinos de Castillo Gian Marco Castillo, Fray Vásquez y Rubdel Oblitas, entre otros.

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En febrero del 2022, López declaró a la fiscalía que en el MTC había “una mafia [...] conformada por el presidente Pedro Castillo”, que incluía a Silva, empresarios, compañías chinas, los sobrinos del mandatario y los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ (la FN investiga a seis parlamentarios: Edwin Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López y Jorge Luis Flores).

Además de Puente Tarata, a fines de julio Castillo ya afrontaba investigaciones por el presunto plagio en la tesis, el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la policía (en total hay 17 policías investigados), las irregularidades en una licitación en Petro-Perú y los cambios en el sector Interior (tras la salida de Mariano González como ministro de la cartera). Este último caso incluye a los ahora exministros Aníbal Torres y Félix Chero. En los tres casos, uno de los presuntos delitos investigados es organización criminal.

Anguía y la familia

“Algo insólito pasa en el Perú, los corruptos juzgando a un inocente de corrupción. Los corruptos quieren que pasemos al otro lado”, dijo Castillo a fines de agosto en una actividad en Tacna.

En ese momento, Castillo afrontaba una investigación por otro caso: Anguía, sobre una presunta organización criminal que operaba en el Ministerio de Vivienda, cuando Geiner Alvarado era el titular del sector. Este escándalo está relacionado con el Decreto de Urgencia 102-2021, por el que se habría beneficiado a distritos como Anguía (Chota, Cajamarca), donde está la casa de Castillo, con presupuesto para obras públicas a cambio de sobornos.

Lo particular de esta indagación es que, además de funcionarios y autoridades (como el alcalde de Anguía, José Nenil Medina), incluye a familiares cercanos de Castillo: su esposa Lilia Paredes y sus hermanos Yenifer (considerada por el expresidente su hija adoptiva), David y Walter Paredes. Para esta investigación, el empresario Hugo Espino declaró a la fiscalía que fue testaferro de los hermanos Paredes.

• Los papeles de Yenifer Paredes: detalles sobre los cuadernos y documentos hallados en la casa de Anguía

Por etapas

El 11 de octubre del año pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso con base en tres casos: MTC, Vivienda y Petro-Perú.

La denuncia –por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, entre otros– incluía a los exministros Silva y Alvarado.

Ese mismo día, el Eficcop, con el apoyo de la policía, realizó diligencias por otros casos. Uno era la investigación sobre el Gabinete en la sombra, que implica al menos a 20 personas. Varias trabajaron con Castillo en Palacio, como Auner Vásquez o Beder Camacho, o eran de su extrema confianza, como los empresarios chotanos Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, conocidos como ‘Los Chiclayanos’ o el ‘buró político’.

De acuerdo con la investigación del caso, los operadores del Gabinete en la sombra pasaron por varias etapas, entre estas la captación de congresistas para evitar la vacancia de Castillo y el encubrimiento de implicados en supuestos hechos delictivos.

Las últimas

Por el golpe de Estado del 7 de diciembre, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación a Castillo, pero por los delitos de rebelión y conspiración. Por esta indagación, que incluye a cuatro exministros, el expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva.

El exministro y congresista Roberto Sánchez, uno de los investigados, reiteró que no tuvo conocimiento de la decisión. “Las declaraciones de los otros ministros harán discernir dónde están las responsabilidades”. Sobre las investigaciones a Castillo, Sánchez dijo que deben ser “acordes al derecho” y que “hay controversias diversas de afectación al debido proceso”.

Este Diario buscó conversar con Wilfredo Robles, el más reciente abogado de Castillo, pero no pudo atender nuestra llamada telefónica.

La última indagación al expresidente, abierta días después del golpe de Estado, está relacionada con el soborno que la empresaria Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo a pedido de Pedro Castillo.

De acuerdo con el listado de entregas de dinero que Marrufo dio a la fiscalía el 18 de noviembre, Goray entregó S/5,4 millones entre setiembre del 2021 y junio del 2022. Según su versión, el dinero se usó para varios fines. Dijo que casi S/2 millones llegaron a Castillo.

MÁS INFORMACIÓN

• La Fiscalía de la Nación investiga a Castillo, exministros y congresistas debido a que son altos funcionarios. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder se centra en funcionarios de menor rango, empresas y civiles. Por eso la FN y el Eficcop investigan el mismo caso, pero no a las mismas personas.
• En noviembre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que en ese momento su despacho tenía 51 carpetas fiscales sobre Castillo.
• En total, 13 serían las personas que se han acogido a la colaboración eficaz por las investigaciones relacionadas al gobierno de Castillo.