Petro-Perú: juez Manuel Chuyo se inhibe del caso a pedido de la fiscalía

El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Peparatoria Anticorrupción, se inhibió de la investigación seguida por el Caso Petro-Perú a pedido de la fiscal Norah Córdova.

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Según la resolución obtenida por El Comercio, el magistrado decidió apartarse por tener amistad con la abogada de uno de los investigados.

Esto, ha retrasado la programación de la audiencia para evaluar la solicitud de impedimento de salida del país por ocho meses contra la lobbista Karelim López, el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, y los funcionarios Gunter Documet Celis, Muslain Abusada Sumar, Roger Liy Lion, Gregorio Saenz Moya; así como para los empresarios Samir Abudayeh Giha y Alberto Siles Chehade.

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Todos ello están siendo investigados por presuntas coordinaciones ilícitas entre funcionarios Petro-Perú a fin de favorecer a la empresa Heavel Petroleum Operators S.A., en el proceso de contratación destinado a la adquisición de 280 mil barriles de biodisel B100, por US$ 74 millones.

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Según el pedido fiscal de inhibición, el investigado Saenz Moya viene siendo asistido por la abogada Leyla Marina Morante Cabrera.

La abogada fue asistente jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción donde trabaja Chuyo Zavaleta.

El juez confirmó su amistad Morante y precisó que producto de ello mantuvo comunicación telefónica con ella antes de conocer el caso Petro-Perú.

Añadió que el “dato objetivo de amistad notoria” podría generar dudas sobre su imparcialidad, incluso afectando o deslegitimando las decisiones que se emitan durante la investigación.

“Inhibirse del conocimiento de la investigación seguida contra Hugo Ángel Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Jorge Abusada Sumar, Roger Daniel Liy Lion (autores), Karelim Lisbeth López Arredondo (…) debiendo de elevarse los actuados a la Sala Penal Superior”, se indica en la resolución.

Según fuentes de este Diario, el tribunal superior estaría próximo a pronunciarse con lo que se deberá definir si Chuyo Zavaleta es apartado definitivamente y un nuevo juez asume el caso.

Pedido pendiente

Según el requerimiento fiscal, el impedimento de salida del país contra los investigados es necesario para asegurar que se cumplan las diligencias y porque varios de los investigados tienen facilidad de salir del país como lo demuestran sus reportes migratorios.

La fiscal Córdova explicó en su escrito, presentado al juzgado, que el hallazgo de la verdad implica un conjunto de actos de investigación.

“Sin lugar a dudas, en el caso que nos ocupa será necesario e indispensable la sujeción de todos los investigados al proceso penal en esta etapa preliminar seguida en su contra, a partid de su presencia en el país, así como su concurrencia las veces que este despacho fiscal lo requiera para el desarrollo de las diligencias que se han señalado. De esta forma, la indagación de la verdad se circunscribe en la permanencia de los investigados en el país”, argumentó la representante del Ministerio Público.

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