El juez Sergio Moro. (AFP).
El juez Sergio Moro. (AFP).
Juan Paredes Castro

C ada país adonde haya llegado la corrupción de , comenzando por su centro de desarrollo, Brasil, tiene su modo heroico o triste de combatirla.

El sistema judicial del Brasil ha logrado encarcelar a la crema y nata de la cúpula empresarial de Odebrecht y a ex altos funcionarios de gobierno de ese país. También a su principal nexo y beneficiario político: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hombre clave desde el Partido de los Trabajadores (PT) de la red de manipulación de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Bolivia y el Perú (del tiempo de Humala).

La estrategia política de Lula y Chávez (Hugo) pretendía reposicionar a la izquierda autoritaria en América Latina (con gran vergüenza, por supuesto, para un pequeño sector democrático y no corrupto de la misma), mediante millonarias dádivas electorales entregadas a líderes que perseguían, como aquellos, hacerse muy ricos en el poder, con los contratos de obras.

El sistema judicial brasileño no es fácilmente exportable ni aplicable. Cada país tiene que repotenciar el suyo. Cada país tiene que saber dentro de qué política anticorrupción de Estado funciona su sistema judicial. O tiene que aceptar, si no sabe adónde ni por dónde ir, la desgracia de ahogarse en el vaso de agua cotidiano de sus precariedades institucionales.

En el Perú podríamos estar en poco tiempo muy cerca o dentro de este cuadro si no reaccionamos rápida y severamente para superar el terrible peligro de las piezas sueltas de nuestro sistema judicial.

El juez brasileño Sergio Moro no es el juez peruano Richard Augusto Concepción Carhuancho. Moro ha puesto entre rejas al ex presidente Lula y a la cúpula completa de Odebrecht. Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que el Tribunal Constitucional acaba de revocar. El mandato de Moro también pasó por una apelación, pero fue denegada. El mandato de Concepción Corpancho es un tigre de papel al lado del poder que representa ahora, en la lucha anticorrupción, el Tribunal Constitucional. Siempre llegará a él un hábeas corpus que convierta a presuntos villanos en héroes o al revés. He aquí una de las piezas sueltas del sistema de justicia en el Perú. Una espada de Damocles sobre la cabeza del “sistema anticorrupción”.

¿Cuántas piezas sueltas más andan por ahí, construyendo impunidad?

El hecho de tener un Ministerio Público con los mismos recursos humanos, financieros y tecnológicos de siempre metido en la megainvestigación del Lava Jato peruano es una pieza suelta. Tener al fiscal de la Nación con una acusación constitucional pendiente, a merced de lo que pueda hacer o no hacer el fujimorismo parlamentario, es otra pieza suelta. Y tener a un Duberlí Rodríguez confundiendo sus opiniones personales con las del presidente del Poder Judicial, ¿no es acaso la pieza suelta más preocupante?

Ni hablar del “sistema anticorrupción”. Quién le pone cabeza, tronco y extremidades a este muñeco del que tanto se habla. ¿Tendríamos que echarlo a andar, así como está, tal si fuese un zombi?