El Poder Judicial (PJ) declaró ayer improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por la ciudadana Alejandrina Casani Barbachan, que buscaba la liberación inmediata del expresidente golpista Pedro Castillo Terrones.
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Dicha medida fue interpuesta contra los efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en cuya sede permanece recluido el exmandatario desde el último miércoles, día en el que dio un golpe de Estado.
La resolución del Tercer Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia ordena que se archive la demanda de la ciudadana Casani Barbachan, debido a que ya existe en esa instancia un recurso “que busca exactamente lo mismo” en evaluación y se estaría generando una “duplicidad”.
El jueves pasado, el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia declaró improcedente otro hábeas corpus presentado a favor de Castillo por supuesta detención arbitraria. Esa demanda había sido interpuesta por la Federación de Abogados del Perú, representada por Gregorio Parco, contra el coronel Harvey Colchado y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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El sábado, el ex jefe del Estado recibió en la Dinoes las visitas de su hermana María Castillo, el congresista Guillermo Bermejo y los abogados Ronald Atencio y Guillermo Olivera Díaz.
El último se identificó como su nuevo defensor tras la inclusión de Aníbal Torres en las investigaciones del Ministerio Público sobre el golpe de Estado. Tras ello, el ex primer ministro anunció ayer que decidió pasar a la clandestinidad.
Olivera calificó de “ilegal” la detención de su patrocinado. Además, anunció que apelarán la decisión. El letrado también atacó a los medios de comunicación. En paralelo, un grupo de simpatizantes del exmandatario protestaba fuera del centro donde está recluido Castillo.
A su salida, Atencio –quien el último viernes anunció que se unía a la defensa legal del expresidente– señaló que Castillo afronta “una persecución política y policial” en la que se está incluyendo a Torres y Betssy Chávez.
Luego negó el golpe de Estado. “El delito se da cuando un presidente se levanta en armas [...] El presidente no ha sacado ningún tanque a la calle y ni un solo policía”, expresó.
El Poder Judicial dictó el jueves siete días de detención preliminar por flagrancia contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
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