Lava Jato: ¿existen diferencias entre las declaraciones de PPK?

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) detalló, por escrito y por segunda vez, cuál fue el rol que cumplió en la licitación de la carretera Interoceánica a favor de Odebrecht, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). El economista afirmó que él no tuvo conocimiento de los supuestos sobornos que el prófugo líder de Perú Posible recibió de la firma brasileña.

El Comercio contrastó la carta que PPK envío la noche del martes a la Comisión Lava Jato, que dirige la fujimorista Rosa Bartra, con las declaraciones que brindó a inicios de febrero del 2016 [cuando aún Odebrecht no admitía el pago de coimas] a la Comisión Lava Jato del Parlamento anterior, a cargo del ex congresista Juan Pari. ¿Hay diferencias entre sus respuestas?

1. Sobre su participación
En su escrito a la actual Comisión Lava Jato, Kuczynski indicó que la única participación que tuvo respecto a la Ley 28670- que declaró de necesidad pública la construcción de los tramos I, II y III de la carretera Interoceánica Sur- fue “refrendar la firma” del ex presidente Toledo “conforme lo prescribe la Constitución”. Agregó que no tuvo injerencia en la aprobación de esta norma, que fue una iniciativa del ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz.

Ante la Comisión Pari, PPK también deslindó la norma [publicada el 26 de enero del 2006], aunque afirmó que él “la hubiera apoyado”, en caso hubiese podido votar en el Congreso.

“Al final, la Ley 28760 fue una iniciativa del congresista Gilberto Díaz Peralta. Él está disponible, me imagino que lo pueden citar a que él explique por qué apoyo esa ley. Yo la hubiera apoyado también, ah, pero yo no era congresista ni tenía capacidad de iniciar legislación”, subrayó el ex jefe del Gabinete Ministerial.

De acuerdo al informe final de la Comisión Parí, el artículo 3 de la Ley 28670 estableció que el único impedimento para ser postor de la carretera Interoceánica era tener una “inhabilitación temporal o permanente”. Es decir, la norma “declaró inaplicable e inexigible” las otras restricciones de la Ley de Contrataciones, como tener juicios pendientes con el Estado.

De esta manera se habilitó a Odebrecht y Graña y Montero, que integraron el consorcio ganador, a participar de esa licitación. Ambas firmas tenían denuncias por resolver con entidades públicas.

2. De la alerta de la vicecontralora
PPK consideró, en la carta a la actual Comisión Lava Jato, que no era común que el mismo día de la firma de los contratos, la Contraloría emita informes con observaciones referidas a información que era pública con antelación. Indicó que los nombres de las empresas que integraban los consorcios eran conocidos desde meses atrás.

De esta manera se refirió a un ofició que envió el 4 de agosto del 2005 la entonces vicecontralora Rosa Urbina Mancilla, que indicaba que las empresas Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao- que formaban parte de los consorcios que ganaron las obras de los tramos II, III y IV de la Interoceánica- tenían procesos judiciales pendientes con el Estado. Por ello, estaban impedidas de contratar con el sector público.

Kuczynski también dijo que no tuvo intervención en la solicitud ni en la recepción de los informes legales que establecieron que “no había impedimento alguno para seguir adelante con la firma de los contratos” con las firmas brasileñas y sus socios peruanos. Aunque dijo que recuerda que se le comunicó sobre la obtención de dichos documentos.

Ante la Comisión Pari, PPK dijo que nadie le pidió una reunión y que tampoco recibió a nadie, luego de que la congresista fujimorista Karina Beteta le pregunta si solicitaron una cita o si le enviaron documentación advirtiéndole del impedimento que tenían las firmas brasileñas y su socia peruana para licitar con el Estado.

3. Decreto supremo y el SNIP
PPK sostuvo, en la carta dirigida a Bartra, que no participó en el “refrendo” del Decreto Supremo 022-2005-EF, que exoneró a la carretera Interoceánica de la evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), porque estuvo fuera del país desde el 4 al 11 de febrero del 2005. En su lugar firmó el entonces ministro de Educación, Javier Sota Nadal.

En su presentación en la Comisión Pari, el ex primer ministro no solo explicó que esta medida no libró del procedimiento de fiscalización al proyecto vial, sino también dijo que él hubiese firmado ese dispositivo de haber estado en el país en ese momento.

“Yo quisiera decirles que aunque no firmé esta ley de exoneración del SNIP, la hubiera firmado si hubiera estado en el país ese día, porque me parece que este es un buen proyecto, está con un tráfico muy por encima de lo proyectado, es el tipo de infraestructura que tenemos que hacer en el Perú, y no hay una sola demostración de corrupción de ningún funcionario hasta el momento”, manifestó.