El domingo pasado, el procurador ad hoc del Caso Odebrecht, Jorge Ramírez, anunció en el programa “Cuarto poder” que solicitarán a Odebrecht una reparación civil de S/3.468 millones por los daños ocasionados al Estado Peruano en tres obras: los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, el gasoducto sur peruano y la carretera Chacas (Áncash).
Tras el anuncio del procurador, Odebrecht objetó la cifra, dejando entrever que esto podría afectar la colaboración con la fiscalía. Según fuentes de este Diario, el Ministerio Público peruano también considera que la pretensión de la procuraduría es “extrema”.
Jorge Ramírez y la procuradora adjunta Silvana Carrión dialogaron con El Comercio sobre este tema y otros relacionados al cobro de la reparación y el Decreto Urgencia 003-2017, que vence el 13 de febrero.
— ¿Cómo justifican el monto solicitado por las tres obras?
Jorge Ramírez: Lo estamos pidiendo caso por caso y al final lo decidirá un juez. El cálculo incluye daño patrimonial y extrapatrimonial. El primero parte de informes previos de la contraloría. El segundo toma en cuenta el daño a la imagen del Estado. Odebrecht presuntamente ha sobornado a presidentes y, como son jefes de Estado, representan a la nación; es decir, nos afecta a todos los peruanos.
— El daño a la imagen es un concepto vago. ¿Cómo lo miden?
Si Odebrecht solo me restituye lo patrimonial, es como si me devolviera lo robado. No basta. Odebrecht ha generado una gran desconfianza de la población con el Estado y con eso evaluamos cuánto nos costaría hacer una reforma institucional.
— Odebrecht considera que el pedido es excesivo y que en otros países han acordado pagar dos o tres veces lo sobornado.
Van a decir lo que más les conviene. Quieren confundir a la población. Con Estados Unidos no acordaron una reparación civil, sino una multa, una sanción penal para desincentivar que la conducta ilícita vuelva a cometerse. La reparación civil es otra cosa. Recordemos que esta puede cobrarse de manera solidaria.
— ¿Esto no podría disuadir a Barata de seguir colaborando con la fiscalía?
Son cosas diferentes. Como procurador, yo debo dimensionar el daño. Otra cosa es la colaboración eficaz. Si el colaborador no está de acuerdo con el monto que el agraviado solicita –en este caso, la procuraduría–, el fiscal puede cerrar el acuerdo de colaboración, pero igual como Estado podemos cobrarlo por la vía civil. Si ellos pretenden condicionar la información al fiscal, eso es ilegal.
— Odebrecht también está incluida en los procesos referidos a las obras en la Costa Verde y la vía de evitamiento de Cusco. ¿Ya han establecido la reparación civil en ese extremo?
Estamos cuantificando aún.
— El monto solicitado entonces, puede ser muchísimo mayor...
Efectivamente.
Silvana Carrión: Hemos estado acostumbrados a procesos penales en los que la reparación civil no suele ser importante al establecer el daño del delito. Pero hay todo un esfuerzo por poner el monto de la responsabilidad civil en su real dimensión. Luego, podríamos llegar a un acuerdo. Pero hay que acostumbrarnos como peruanos a entender que si somos dañados, tenemos derecho a ser resarcidos. Hay que sentirnos realmente agraviados.
— ¿Seguirán negociando con Odebrecht?
Jorge Ramírez: La opción de llegar a un acuerdo extrajudicial está presente. Todo dependerá de que Odebrecht acepte el pago de la reparación civil y vea que el perjuicio ocasionado al Estado Peruano no pasa por el doble del soborno.
— A un año de su entrada en vigencia, ¿cuál es el balance del Decreto de Urgencia 003 para cumplir los objetivos que se propuso?
El decreto de urgencia ha sido positivo si lo analizas en el momento en el que se dio. Si el Estado hubiera esperado que se resuelva judicialmente, ya hubiera vendido sus activos. Cuando ingresé a la procuraduría, solo se había incorporado a Odebrecht en un proceso. Bajo el patrón criminal que hemos identificado, se puede esperar que hubiera evadido su responsabilidad.
— La norma fue criticada por algunos sectores que consideraban que era ineficaz. ¿Cree que pudo mejorarse?
Creemos que en eso anda el Congreso y el Poder Ejecutivo.
— ¿Cuánto dinero ha sido retenido en el fideicomiso?
Está por encima de los S/20 millones. Este lo administra el Banco de la Nación.
— ¿Esto solo incluye a Odebrecht?
Sí.
— Finalmente, hay quienes afirman que no existe un frente articulado entre la procuraduría y la fiscalía para combatir estos casos de corrupción. ¿Cómo están trabajando con el Ministerio Público?
En principio, nosotros pedimos al fiscal Hamilton [Castro] que nos dé acceso al expediente de la colaboración eficaz. Existe un trabajo relacionado con casos específicos. Pero hay un diálogo constante y positivo.
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