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La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán continuará bajo prisión preventiva mientras se la investiga por la recepción de US$10 millones presuntamente ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS.
Así lo dispuso la Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción que confirmó y amplió de 18 a 24 meses la medida restrictiva contra la ex autoridad edilicia.
El tribunal adoptó la misma decisión para el ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez y el encargado de la campaña de reelección de Villarán, Luis Ernesto Gómez-Cornejo (Asociación Amigos por Lima).
Según la resolución a la que accedió El Comercio, la sala superior explicó que, si bien –en el caso de Villarán y Castro– se aprecia que tienen arraigo domiciliario y familiar, además de buen comportamiento procesal, existen otros elementos que configuran el peligro de fuga y de obstaculización.
—Peligro corroborado—
Los elementos más importantes mencionados por el tribunal son su pertenencia a una organización criminal y el hecho de que Villarán reconociera que ha recibido dinero de las dos empresas para sus campañas contra la revocación (2013) y la reelección (2014).
A ello, indica la sala, se suma la gravedad de la pena por los posibles delitos perpetrados (lavado de activos, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir).
La sala también consideró que las declaraciones de Susana Villarán en radio Exitosa –en las que admitió que siempre supo de los aportes de OAS y Odebrecht, pero que acordaron con José Miguel Castro no hablar de ello– constituyen obstrucción a las investigaciones.
La misma consideración adoptó el tribunal sobre el audio que presentó el ex funcionario municipal Gabriel Prado. Este registra una conversación que sostuvo con Villarán y Castro, en la que este último le pide a Prado que niegue ante la fiscalía que es el titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra.
“Es de verse que Villarán de la Puente se encontraba presente cuando su coimputado Castro Gutiérrez obstruye el normal desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo el colegiado.
Similares hechos fueron considerados en el caso de Castro. Pero, además, el tribunal sostuvo que este habría sido el receptor de los dineros ilícitos de la organización criminal.
A ello, la sala agregó que la obstaculización a la justicia también se habría considerado cuando se comunicó con sus coimputados, como Óscar Vidaurreta Izaga, para decirle que no declarara y no lo involucrara. “Es de verse que el imputado Castro Gutiérrez no solo concierta voluntades con su coimputada Villarán de la Puente, sino que obstruye el normal desarrollo de las investigaciones”, alegaron.
En el caso del investigado Gómez-Cornejo, la sala consideró que, además de su pertenencia a una organización criminal, su condición de ‘no habido’ demuestra que pretende eludir a la justicia.
—Caso complejo—
Por otro lado, la sala superior argumentó que existía la necesidad de incrementar de 18 meses a 24 meses (2 años) la medida de prisión preventiva para los tres investigados debido a la complejidad del caso.
Explicó que, al haber varios implicados, se tiene que tener en cuenta la magnitud del caso. Además, investigar el delito de lavado de activos implica identificar la ruta del dinero, a través de peritajes y la necesidad de recurrir a la cooperación internacional, entre otras diligencias. En esa línea, teniendo en cuenta que ya se tiene avanzada la investigación preparatoria, el tribunal consideró que 24 meses eran suficientes.
