Solo el 18% cree que el nuevo Congreso debe priorizar la reforma política

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, adelantó hace unas semanas que el Ejecutivo, una vez instalado el nuevo Parlamento, enviará un paquete de proyectos de ley para concluir la reforma política. Incluso este tema ha sido uno de los ejes centrales de las reuniones que el presidente Martín Vizcarra sostuvo con las futuras bancadas.

Sin embargo, la última encuesta de El Comercio-Ipsos indica que solo el 18% cree que el próximo Congreso debe priorizar la reforma política.

La ciudadanía, en el mismo estudio de opinión, considera que el Poder Legislativo debe dar preferencia a otros asuntos, como el debate de leyes para la lucha contra la delincuencia (56%), combatir la corrupción (47%), mejorar el sistema educativo (39%), mejorar el sistema de salud (36%) y promover el crecimiento de la economía (25%).

Para la directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Adriana Urrutia, estas cifras se pueden traducir en la necesidad que los ciudadanos tienen de ver medidas concretas en seguridad, salud y educación, aspectos que sí tienen impacto en su vida diaria. Agregó que las reformas que propone el gobierno son muy difíciles de aterrizar en “acciones tangibles” para un gran sector de la opinión pública.

“Por eso es que se produce esta dicotomía de prioridades: las gubernamentales y las ciudadanas”, remarcó en comunicación con El Comercio.

Urrutia precisó que una parte de la reforma política, sobre todo la referida a los límites al financiamiento de los partidos, está relacionada a la lucha contra la corrupción, que sí es vista como una prioridad en la encuesta.

Explicó que la mayoría de los líderes políticos que son investigados por sus relaciones con las constructoras Odebrecht, OAS y otras afrontan cargos por presuntos aportes ilegales para sus campañas. “La ciudadanía no está identificando este componente. Otra herramienta desconocida [en la lucha anticorrupción] es la reforma de justicia, que complementa a la política. Esta debería permitir retirar la corrupción del Ministerio Público y del Poder Judicial”, añadió.

Arturo Maldonado, analista político del Grupo 50+1, afirmó que los resultados del estudio reflejan que “la gente desea que el Congreso se preocupe por lo que ellos se preocupan” y no por lo que un sector de la clase política quiere, como la reforma, la revisión de los decretos de urgencia (13%) y la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (12%), aunque esto sea importante.

También dijo que existe una oportunidad para que el Parlamento pueda cumplir con las dos prioridades, la del gobierno y la ciudadana, si es que la reforma política se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción. Agregó que un factor que juega en contra del Ejecutivo y el Congreso es el tiempo, que es corto para sentar nuevas normas para las elecciones del 2021.

—La confusión sobre la seguridad—

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari consideró que la ciudadanía “confunde hasta dónde actúan” el Congreso y el Ejecutivo, en el sentido de que el 56% le pide al primero debatir leyes para lucha contra la inseguridad cuando ya existe un amplio marco legal al respecto. “No sé si el cambio tenga que venir desde el lado normativo, que es lo que le corresponde al Legislativo. [Esto] más bien [debe venir] del Ejecutivo hacia los ministerios”, subrayó a este Diario.

Rodríguez Olivari opinó que la lucha contra el crimen ha sido abordada de “manera populista e ineficiente” por el ministro del Interior, Carlos Morán.

“Poner a 200 policías [que estaban asignados a los parlamentarios] en las calles no va a solucionar el problema”, dijo en referencia a la propuesta de Morán para retirar el resguardo policial a los parlamentarios.

Sobre si Acción Popular fue el ganador la elección –como lo refiere el 19%, de acuerdo a la encuesta de El Comercio-Ipsos–, Rodríguez indicó que el partido de la lampa se puede sentir así en la medida que, sin recurrir a sus figuras representativas y con una campaña “de bajo coste”, han logrado 25 escaños.

“Salieron ganadores porque hasta ahora no han sido mancillado por Lava Jato”, añadió.

Maldonado coincidió, pero advirtió que Acción Popular deberá manejar “con pinzas” esta victoria, porque ya tienen “varios flancos abiertos”: serán la primera minoría en el Parlamento y tienen a diferentes autoridades locales, provinciales (entre ellas el alcalde de Lima, Jorge Muñoz) y regionales que serán fiscalizados.

“Esto puede meterlos en problemas y escándalos de cara al 2021”, manifestó.

Urrutia prefirió no hablar de ganadores ni de perdedores, al señalar que este Congreso solo ha sido elegido por el 40% de ciudadanos hábiles para votar. “Estamos hablando de una baja representatividad”, acotó.

—Los datos—

A través de un pronunciamiento, los ex integrantes de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política exhortaron al nuevo Parlamento a priorizar los siguientes puntos pendientes: completar la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas (ampliando la franja electoral y mejorando el proceso de rendición de cuentas y gastos de campaña), y realizar la segunda votación de la reforma constitucional que impide la postulación de las personas sentenciadas, en primera instancia, por delitos dolosos.

También plantearon eliminar las disposiciones transitorias, incorporadas por el Parlamento disuelto, a fin de aplicar de manera inmediata el proceso de elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias sin distinguir entre organizaciones antiguas y nuevas.

La llamada Comisión Tuesta solicitó, además, aplicar de manera inmediata la eliminación del voto preferencial y la paridad y alternancia de género en la presentación de las listas de candidatos.

Asimismo, pidió someter a debate el retorno a la bicameralidad y reconsiderar la reforma sobre la inmunidad parlamentaria para que la Corte Suprema sea la que la levante.