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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría —solo con votos del fujimorismo— declarar procedentes las denuncias constitucionales que presentaron los congresistas Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada) contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez.
La sesión inició hacia el mediodía en la Sala Miguel Grau, con la presidencia de la legisladora fujimorista Liliana Takayama.
Ahora que se admitieron las denuncias y se acumularon, se deberá presentar el informe de calificación a la Comisión Permanente del Congreso. Y esta tendrá que definir un plazo para que la subcomisión investigue y presente un informe final.
—Debate—
Los congresistas expresaron sus distintas posiciones sobre las denuncias constitucionales. Marisol Espinoza (APP) consideró que las denuncias contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público.
Por su parte, Juan Sheput (PPK) pidió que se declare improcedente la denuncia al considerar que no había fundamento. Su colega Gino Costa llamó la atención respecto a la “extraña rapidez” del trámite y atribuyó las imputaciones a Sánchez por la reapertura de la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
Desde las filas del fujimorismo, Karina Beteta negó que existan represalias. Héctor Becerril, por su parte, afirmó que el fiscal de la nación no ha actuado correctamente en las investigaciones del Caso Odebrecht.
Javier Velásquez Quesquén, de la bancada del Apra, apuntó que el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales calificó mal las denuncias, pues aseveró que no hay infracciones a la Constitución.
Víctor García Belaunde, de Acción Popular, dijo que la subcomisión ha pasado por alto otras 20 denuncias para ver las que hay contra el fiscal de la nación, lo que a su juicio demuestra un interés político.
—Las imputaciones—
En cuanto a la denuncia de Salaverry, el vocero titular de la bancada fujimorista imputa a Sánchez haber cometido infracciones constitucionales correspondientes a una “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” y solicita su destitución e inhabilitación.
De otro lado, Vilcatoma imputa al titular del Ministerio Público una infracción por haber designado a Hamilton Castro como el encargado del Caso Odebrecht. A su juicio, “el nombramiento ha generado perjuicios en la investigación penal porque, a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar o se ha emitido una disposición preliminar para incluir, no solo a Odebrecht como persona jurídica, sino a otras empresas consorciadas".
La subcomisión tiene 15 integrantes, de los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada fujimorista.
