Los terroristas Abimael Guzmán y Osmán Morote son procesados por el atentado en la calle Tarata en 1992, que dejó 25 personas muertas. (Foto: EFE)
Los terroristas Abimael Guzmán y Osmán Morote son procesados por el atentado en la calle Tarata en 1992, que dejó 25 personas muertas. (Foto: EFE)
Redacción EC

Los terroristas y , integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso, dieron cuenta hoy, durante una nueva audiencia del juicio por el atentado de Tarata (Miraflores), que cada uno pagó la caución de S/10.000 que les impuso el Colegiado A de la Sala Penal Nacional a la hora ordenar su arresto domiciliario.

Morote y Liendo Gil fueron trasladados el último viernes desde el penal de Ancón, donde cumplieron sus condenas por el delito de terrorismo, a las casas de sus familiares en Chaclacayo y Santa Anita, respectivamente.

Ninguno de los dos terroristas ha pagado un solo sol de al Estado por reparación civil junto a otros integrantes de Sendero Luminoso.

El arresto domiciliario que cumple se dio en el marco del juicio que afrontan por el atentado de Tarata en 1992, que dejó a 25 personas muertas.

Según informó el Poder Judicial, por medio de su cuenta de Twitter, el proceso culminó este martes su “etapa probatoria” y ha ingresado a la de “desglose y oralización de piezas”.

A la salida de la audiencia, Alfredo Crespo, abogado de Morote y Liendo, indicó a la prensa que ha apelado la orden de arresto domiciliario ante la Corte Suprema, porque, según agregó, sus clientes tienen que estar bajo un régimen de libertad con restricción, como firmar cada mes un cuaderno en el Poder Judicial y no mudarse sin avisar.

Más temprano, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) anunció que abrió una investigación preliminar a los magistrados del Colegiado A de la Sala Penal Nacional que intervinieron en la excarcelación de los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil.

A través de un comunicado, la OCMA precisó que está investigando a los jueces superiores René Martínez Castro, Edhín Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano; así como a los integrantes del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

La medida fue dispuesta el viernes 20 de abril del año en curso, por la máxima autoridad de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, luego de advertirse por informes periodísticos de la presunta irregularidad en los procesos penales seguidos en contra de Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil, por los casos Perseo, Tarata y Soras.