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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, aseguró que el Estado peruano ha contratado a un estudio de abogados para que siga el proceso de extradición de Alejandro Toledo en Estados Unidos desde el 2 de febrero de este año.
Esto, como parte de su exposición ante el pleno del Congreso para responder la moción de interpelación que incluía, en su mayoría, preguntas relacionadas al acuerdo de colaboración eficaz que firmó el Ministerio Público con Odebrecht.
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"Mediante la Resolución Suprema 033-2019-JUS del 2 de febrero del 2019 se autorizó la contratación del estudio de abogados Foley-Hoag a fin de que brinde asesoría y asistencia en los procesos de extradición contra Alejandro Toledo, Mariella Huerta y Gustavo Salazar Delgado", precisó el ministro.
Vicente Zeballos comentó que, según las normas del sistema judicial de Estados Unidos, un fiscal de ese país es el encargado de representar los intereses del Estado peruano ante los jueces que evaluarán el cuadernillo de extradición contra Alejandro Toledo.
"Cuando el juez federal recibe el pedido (de extradición), decidirá en audiencia si procede o no [...] El fiscal nombrado por el Departamento de Justicia es el único que puede sustentar el caso. Las procuradurías públicas están en posibilidad de buscar asesoría de un abogado o abogados que permitan facilitar el trabajo de seguimiento del proceso o poder aclarar algunos aspectos propios de proceso de extradición", manifestó el ministro.
Vicente Zeballos indicó que actualmente el pedido para extraditar a Alejandro Toledo se encuentra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de haber recibido el visto bueno del Departamento de Estado.
"El Departamento de Justicia inicia un proceso de evaluación más riguroso, pues aquí se verifica la llamada causa probable. Este análisis se hace de la mano de un fiscal nombrado para que asuma la defensa de los intereses del Estado peruano ante la jurisdicción federal", comentó.
Alejandro Toledo permanece como prófugo de la justicia peruana desde el 2017, cuando se dictaron 18 meses de prisión preventiva en su contra como parte de la investigación por los presuntos pagos de coimas de Odebrecht para acceder a licitaciones de la Carretera Interoceánica Sur.
