Beteta plantea extender responsabilidad por corrupción a socios de empresas sentenciadas

Un proyecto de ley de la congresista fujimorista Karina Beteta plantea modificar el Decreto de Urgencia N° 003-2017, el cual fue publicado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado con la premisa de asegurar la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, como el de la empresa Odebrecht.

La iniciativa se presentó el miércoles 17, en medio de las discrepancias entre el primer ministro Fernando Zavala y la titular del Congreso, Luz Salgado, respecto a la posibilidad de que empresas constructoras que hayan participado de consorcios con Odebrecht u otras empresas vinculadas al Caso Lava Jato -y que no tengan sentencia por corrupción- puedan licitar con el Estado.

Por ejemplo, vale recordar que la procuraduría ha denunciado penalmente a las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A por sus vinculaciones al pago de coimas de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

El proyecto de Beteta, además, extendería el impedimento a que empresas socias de otras condenadas o que hayan admitido casos de corrupción, como Odebrecht, puedan contratar con el Estado.

Como se informó, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2017 precisamente en medio de las investigaciones contra la empresa brasileña, que ha admitido el pago de coimas por US$29 millones a funcionarios estatales entre el 2005 y 2014 a fin de adjudicarse obras públicas. Además, el Estado corría el riesgo de que compañías como Odebrecht vendan sus activos o trasladen sus cuentas al extranjero, dificultando el cobro de una eventual indemnización.

El Decreto de Urgencia del Ejecutivo, según su artículo 2, alcanzaba a personas jurídicas o funcionarios de estas condenados por delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado. También, a las organizaciones que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los ilícitos señalados.

Sin embargo, una de las modificaciones del proyecto de Beteta (N° 1410-2016-CR) se da precisamente en cuanto a ese artículo. Así, propone además que la responsabilidad también alcance a “cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado”, por ejemplo de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez o Queiroz Galvao.

Ello “bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por la ley, teniendo ambas algún tipo de participación patrimonial mediante acciones o participaciones en una persona jurídica o ente jurídico distinto, al tiempo de la comisión de los delitos” citados. Esto, por ejemplo, en el caso de una empresa vinculada a actos de corrupción y que haya formado parte de un consorcio para alguna obra.

Efectivamente, la exposición de motivos del proyecto de ley de la legisladora de Fuerza Popular señala que “resulta esencial extender los alcances de dicha norma [la del Ejecutivo] para comprender a las personas jurídicas que actuaron bajo la modalidad de consorcio”.

En ese caso, dice el proyecto, esas otras personas jurídicas (empresas) podrían quizá no haber participado directamente de actos de corrupción o lavado de activos, pero sí “terminaron beneficiándose con la rentabilidad obtenida como consecuencia de las actividades ilícitas”.