Se cumplen 30 años de la toma del Palacio de Justicia de Colombia
El 6 de noviembre de 1985 el asalto de los guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia de Colombia, situada en el centro histórico de Bogotá, ocasionó un baño de sangre que dejó cerca de cien personas fallecidas. Entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echeandía.
El comando de la segunda guerrilla más importante de ese país (en ese entonces) estuvo conformado por 35 guerrilleros liderados por Iván Mario Ospina, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin y Luis Otero. Los insurgentes irrumpieron en el palacio a las 12:00 pm y asesinaron a dos vigilantes en la entrada, ocuparon cuatro plantas y un sótano, y tomaron de rehenes a más de 350 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes.
“Los guerrilleros llegaron lanzando vivas a Colombia y al M19 y disparando ráfagas de metralletas”, narró en aquel entonces Euclides Londoño, fiscal del Consejo de Estado. “Nosotros nos lanzamos al piso y así permanecimos largo rato para evitar ser alcanzados por las balas”, agregó.
Casi de inmediato, con autorización del presidente Belisario Betancur (1982-1986), las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado arribaron en la Plaza Bolívar, donde también funciona la Casa de Gobierno, y cercaron el Palacio de Justicia. Después de ello se inició el operativo militar que contó con vehículos blindados, helicópteros y más de dos mil uniformados, que abrieron fuego en el exterior e interior de la edificación.
Si bien en las primeras horas fueron evacuadas 138 personas, la situación del resto de rehenes era trágica. En medio de gritos y llantos veían cómo los jueces de la Corte Suprema de Justicia eran fusilados “uno por uno” por la guerrilla.
“La Corte era un verdadero infierno. El incendio que devoraba el edificio sin posibilidades de controlar las llamas y el fuego cruzado me produjeron verdaderos momentos de angustia, terror y pánico”, declaró en ese entonces la magistrada Aydé Anzola.
El conflicto se prolongó por 27 horas y culminó el día siguiente, el 7 de noviembre, con la edificación reducida a escombros por las detonaciones de las armas pesadas y tras producirse tres incendios. Según la Comisión de la Verdad, la tragedia dejó un total de 94 muertos y 11 desaparecidos. Posteriormente se hallaron los cuerpos de 4 personas más. Ninguno de los insurrectos del M19 quedó con vida tras la intervención.
El M19 y el gobierno colombiano
Desde un inicio el presidente colombiano Belisario Betancur asumió la responsabilidad del desenlace del asalto guerrillero y en un discurso radiotelevisado aseguró que si volvía a presentarse un acto terrorista similar volvería a obrar de igual manera, sin transar con el crimen y continuando el proceso de paz aceptado por los grupos guerrilleros mayoritarios.
Con la toma del Palacio de Justicia el M19 pretendía iniciarle un “juicio político” al mandatario, pues lo acusaban de haber traicionado el acuerdo de cese del fuego y de diálogo -nombrado Acuerdos de Corinto- que había sido firmado por ambas partes el 24 de agosto de 1984.
Para junio de 1985 los guerrilleros ya habían quebrantado la tregua de nueve meses que se había suscrito con el gobierno y reanudaron la lucha armada, dedicándose al terrorismo y a los asaltos a pequeñas poblaciones.
Hoy después de 30 años de la ocupación que dejó 11 desaparecidos y familias que aún reclaman justicia, se puede constatar que la decisión de ocupar el Palacio de Justicia fue el peor error para la guerrilla, puesto que significó el inicio de su caída: cinco años más tarde dejaron las armas y se convirtieron en partido político.
El operativo fue ideado por el guerrillero Luis Otero, quien antes había planeado otros golpes del M19 como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte del Ejército de donde robaron más de 5 mil armas y la toma de la Embajada de la República Dominicana.
M19 y Pablo Escobar
En aquella época el Estado colombiano también combatía el avance del narcoterrorismo conglomerado en un grupo autodenominado Los Extraditables. La mayoría pertenecían al Cartel de Medellín y fueron liderados por los capos Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Poco después de la toma del Palacio de Justicia se empezó a especular de una presunta complicidad de Los Extraditables con el M19 debido a la ferocidad del ataque terrorista y la consiguiente incineración de expedientes de procesos contra varios cabecillas de organizaciones internacionales de narcotraficantes.
“El hecho que, de primera intención, hayan tomado de rehenes a los magistrados que estudiaban una demanda de inconstitucionalidad para declarar inválido el tratado de extradición con Estados Unidos, presupone que los M19 tenían una finalidad específica”, detalló en ese entonces el embajador colombiano en Perú, Dr. Diego Tovar Concha.
En el 2009 la Comisión de la Verdad que investigó los hechos concluyó en su informe que el jefe del Cartel de Medellín y de Los Extraditables, Pablo Escobar, fue quien financió con 2 millones de dólares la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia y entregó armas al M19. Escobar pretendía doblegar a una corte que lo amenazaba con la extradición a los Estados Unidos
Pese a la publicación de este informe la fiscalía de ese país todavía no logra comprobar fehacientemente si el cartel de Medellín financió la toma del M19.
El fin del M19
En marzo de 1990 el M19, al mando del comandante Carlos Pizarro, depuso las armas, y abandonó la actividad militar para convertirse en un grupo político que después pasaría a llamarse Alianza Democrática M19.
Los máximos jefes de esa guerrilla de la época de la toma del palacio ya fallecieron. Es el caso Álvaro Fayad, quien cayó en una operación policial en Bogotá en el año 1986; así como Carlos Pizarro, quien fue asesinado cuando ya había retomado la vida civil, en 1990.
Asimismo existe una controversia debido a que el M19 se benefició de indultos y amnistías, mientras que los militares de la retoma se encuentran presos o procesados.
(Diego López Marina)
Fotos: Agencias/ Archivo El Comercio