Hace falta contar con un plan nacional de infraestructura

Las recientes contingencias en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano y los cuestionamientos del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de su ministro de Economía a esta obra ponen en evidencia, según los expertos, la debilidad que atraviesa el sector y la necesidad de llevar a cabo un conjunto de reformas.

El presidente Kuczynski ha calificado de “altísima” la subida que tendrían las tarifas eléctricas para los usuarios no industriales por el financiamiento del ducto, definida por el regulador.  

En tanto que, el ministro Alfredo Thorne ha dicho que el ducto no llega a las zonas donde ellos –el gobierno del presidente Kuczynski– quieren llegar como a la región Puno.

De esta manera, sobre todo, los comentarios de Thorne revelan la ausencia de un plan nacional de infraestructura que seleccione aquellos proyectos y sus respectivas coberturas que permitan mejorar la competitividad y productividad del país y que no obedezcan a un antojo del gobierno de turno, sostiene el economista Flavio Ausejo, catedrático de la Universidad del Pacífico. 

“Como no se tiene un plan nacional de infraestructura, no se ha utilizado un criterio estratégico para seleccionar los proyectos. Por ejemplo, la refinería de Talara. ¿Cuál es el criterio para hacer Talara? El Gasoducto Sur Peruano. ¿Cuál es el criterio para hacer un gasoducto cuando no sabes quien va a comprar el gas?”, reflexiona.

De otro lado, los comentarios de Kuczynski revelan el problema que hay en la elaboración de los contratos.

Ausejo refiere que la falta de un plan de infraestructura, ha llevado a que el mecanismo de cofinanciamiento, en las alianzas público-privadas se use sin una priorización, pues por lo beneficioso que es para atraer a inversionistas solo debe usarse en las obras que generen los mayores beneficios a la economía.

“El cofinanciamiento ha sido un esquema muy atractivo para atraer a inversores, porque, en realidad, no arriesgan nada”, dice Ausejo. “El cofinanciamiento tiene que ser para obras que van a generar los mayores beneficios a la economía. Nos es para todos los proyectos, porque al final lo pagamos todos nosotros”, subraya.

En la misma línea, el ex viceministro de Economía Carlos Casas, sostiene que el Estado debe ser más selectivo con las obras cofinanciadas, debido al poco espacio fiscal que tiene y a los compromisos asumidos en estas obras.

Señala que por ello, el Estado debe establecer dónde y qué tipo de infraestructura necesitamos para que los privados concursen y presenten su mejor opción. 
Hoy, los compromisos y obligaciones de pago del Estado en proyectos de infraestructura suman más de US$16 mil millones, según el MEF y el déficit fiscal ya supera el 4% del PBI, en el tercer trimestre último, según el BCR.

El economista Alberto Pasco-Font, dice que el déficit fiscal va a afectar la viabilidad de los proyectos y en la medida que haya más destrabe se va a presionar la caja fiscal.
El presidente Kuczynski ha manifestado que para recuperar los niveles de inversión de años anteriores, se deben impulsar los proyectos de infraestructura que sean “útiles”, sin embargo, no ha dicho nada sobre cuáles son esos proyectos.

OTRAS BARRERAS
No obstante, Pasco-Font comenta que el sector, además de restricciones presupuestarias, enfrenta restricciones políticas como la intervención de la Contraloría y las normas del sistema de control.

También agrega como otro problema el incumplimiento de los contratos por parte del Gobierno como las expropiaciones. Sobre este último punto, señala que el Gobierno debe trabajar en una reforma que mejore la posventa de los proyectos para evitar las adendas. 

De la misma manera, comenta que otra reforma que requiere el sistema es la reinvención de Pro Inversión. En ese sentido, para el ex viceministro Casas, la debilidad de esta institución es la principal causa de que los proyectos no se entreguen a tiempo.
A su juicio, la falta de un equipo especializado en la entidad, mejor capacitado y pagado, hace que no se elaboren buenos contratos.

Asimismo, para Pasco-Font se debe tener cuidado con la propuesta de sustituir en el consejo directivo de Pro Inversión a los ministros por el MEF para hacer frente a la interferencia política. Sostiene que sería contraproducente porque se perdería el apoyo del sector al que pertenece el proyecto.