Escolar, venezolano y migrante en el Perú: la lucha secreta de la que nadie habla

El Perú se ha convertido en un destino clave para migrantes, destacando la gran cantidad de venezolanos que buscan una nueva vida en este país. Según datos recientes de la Plataforma de Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes (R4V), se calcula que para diciembre de 2024 alrededor de 1,61 millones de venezolanos residirían en Perú, de los cuales un 7,5% serían niños, niñas y adolescentes. Estos jóvenes enfrentan múltiples obstáculos en su acceso a la educación, particularmente por la falta de documentos, lo que afecta su integración en el sistema educativo peruano.

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Las experiencias de familias venezolanas revelan la cruda realidad. En entrevistas hechas por el equipo de Corresponsales Escolares de El Comercio, Institución Educativa 3043 Ramón Castilla (San Martín de Porres), padres de estudiantes compartieron sus dificultades para matricular a sus hijos en colegios. Migrantes venezolanos mencionan que llegan al país solo con la partida de nacimiento de sus hijos, lo que dificulta la búsqueda de una institución educativa. Los exámenes de reubicación, a menudo exigidos, son un reto adicional, ya que muchos niños han tenido interrupciones en su educación debido a la situación en el país de origen.

La falta de documentación es un desafío constante. Jesús Medina, representante de la ONG Fuertes para la Vida, destacó que muchos migrantes no traen sus antecedentes educativos, lo que complica su integración. Nancy Navas Vargas, presidenta de la ONG Venezuelan’s International Care Assistance (VENEICA), enfatizó que el 75% de las familias migrantes tienen hijos y se enfrentan a serias barreras para su matrícula, como la falta de cédula de identidad, que en Venezuela se obtiene a los 9 años, y otros documentos requeridos para continuar con sus estudios en el país al que migran.

Las cifras del Ministerio de Educación (MINEDU) reflejan la situación: En el año 2022, 135.322 estudiantes venezolanos estaban matriculados en educación básica regular, representando el 1,65% de la población estudiantil en Perú. Es alarmante que la tasa de deserción escolar en este grupo haya crecido, alcanzando el 19% entre 2021 y 2022, en contraste con las tasas mucho más bajas de los estudiantes peruanos, de 1,2% y 1,9% respectivamente.

El impacto emocional de esta situación también es significativo. Conversamos con Ignacio Balza, venezolano de 15 años, alumno de segundo de secundaria, quien enfrentó serias dificultades para integrarse al sistema educativo peruano. Al no tener 50 soles para pagarse un curso de nivelación, presentó un examen de reubicación en el que reprobó (por la crisis, había dejado de estudiar casi un año en Venezuela); tuvo que repetir de año.

Así también hablamos con María Marcano, madre de familia migrante. “Muchos salimos de Venezuela solo con la partida de nacimiento de nuestros hijos y encontrar colegio sin documentos es un gran problema, y cuando ya los aceptan ellos tienen que dar una evaluación de reubicación de grado. En mi caso llegamos a Lima justo antes de la pandemia y me dijeron que me avisarían cuándo y cómo se daría este examen. Nunca nos avisaron y mis hijos tuvieron que retroceder un grado para poder estudiar”, dijo.

Por su parte, Medina advirtió también sobre el estrés y la ansiedad que enfrentan los niños migrantes, pues deben adaptarse a un nuevo entorno mientras lidian con traumas migratorios. Además, muchos hogares migrantes enfrentan dinámicas familiares alteradas por la separación de miembros de la familia que buscan mejorar sus condiciones de vida. Si a esto le sumamos el estado emocional del alumno “reubicado” (forma oficial de llamar a la repitencia de estos menores), se perpetúa su vulnerabilidad. Sin una intervención integral, corren el riesgo de quedar atrapados en un ciclo que limita sus oportunidades de progreso.

Este grupo de corresponsales buscó la versión del Ministerio de Educación sobre esta problemática, pero no se obtuvo respuesta.

Aunque se han hecho esfuerzos por parte de diversas entidades, los obstáculos persisten. La falta de reconocimiento de las habilidades académicas de los niños migrantes y las dificultades económicas de sus familias complican aún más su acceso a la educación. Una tarea pendiente para el Estado y la sociedad civil.