La tasa de informalidad laboral continúa en niveles históricamente altos en el Perú. Si bien este indicador tuvo un leve descenso en el 2022 y actualmente afecta al 75,7% de la población que tiene un trabajo (-1,1% respecto al 2021), aún está tres puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia. En otras palabras, de los 17,7 millones de personas empleadas en el país, 13,4 millones no cuentan con beneficios sociales o laborales, o trabajan en unidades de producción que no están registradas.
El porcentaje de informalidad entre la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada varía según el ámbito geográfico. Por ejemplo, alcanza el 70% de los trabajadores con empleo al interior de las ciudades, pero supera el 90% en las zonas rurales del país, que dependen principalmente de actividades agrícolas.
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Según cifras del INEI, son las ciudades de la selva las que registran un mayor porcentaje de informalidad (81,4%), seguido de la sierra centro (77,8%), sierra sur (75,9%) y sierra norte (71,9%). En las urbes de la costa, dos de cada tres trabajadores son informales.
En el ámbito urbano, este problema también muestra contrastes por género, tamaño de empresa y años de preparación de la fuerza laboral. Afecta más a las mujeres (74%) que a los hombres (67,7%). Asimismo, nueve de cada diez personas que culminaron la primaria son informales, mientras que la proporción baja a ocho de cada diez en aquellos que tienen hasta secundaria completa. En tanto, 8,7 millones de trabajadores en esta condición laboran en empresas de uno a diez miembros.
Factores detrás
César Ordóñez, director del Departamento de Ingeniería Económica y Contabilidad Corporativa de la Universidad Científica del Sur, resalta que la informalidad es un problema de largo plazo y que la clave para su reducción está en el aumento de la productividad, la flexibilización del mercado laboral y un programa adecuado de incentivos dirigido a las microempresas y pequeñas empresas.
“Lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad reduciendo costos laborales. El 96% del total de las empresas son microempresas y pequeñas empresas. Por ejemplo, el último aumento del salario mínimo [de S/930 a S/1.025] ha golpeado a los microempresarios. Es cierto que tienen un régimen laboral y tributario, pero incluso con eso sus costos son altos. El acceso directo al crédito es un gran incentivo para que se formalicen, mientras que el otro es la asesoría, la capacitación constante o implementar programas donde les compre el Estado”, explicó el experto.
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