Se alista el reglamento de la ley que sustituye al D.U. 003

A casi un mes de la promulgación de la Ley Nº 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia 003, el Ejecutivo ha puesto en circulación un documento de trabajo para reglamentar dicha norma, que busca asegurar el pago de la reparación civil al Estado en casos de corrupción y garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura.

El documento establece los lineamientos para aplicar los alcances de la referida ley entre las empresas vinculadas a actos de corrupción, como la brasileña Odebrecht.

En detalle, se precisa los plazos y funciones del Ministerio de Justicia (Minjus), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la procuraduría para autorizar transferencias al exterior, realizar la compra de bienes y derechos, establecer y retener los importes destinados a fideicomisos para la reparación civil, entre otros procedimientos.

También se plantea una serie de fórmulas para realizar el cálculo del pago de la reparación civil.

Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, consideró que “es muy acotado” fijar un plazo de 5 años para que las empresas comprendidas en la norma realicen el 100% de los aportes en los fideicomisos de garantía destinados a la reparación civil.

“No es razonable poner un plazo de cinco años y aportes progresivos de manera detallada porque podría ser que sea incompatible con la realidad. Por ello preocupa tener un plazo rígido. Si a los bancos esto les genera incertidumbre, no va a haber cadena de pagos que funcione”, dijo Prialé a El Comercio.

El titular de AFIN también objetó el procedimiento para aplicar las retenciones.

"En el caso de los aportes a fideicomiso de reparación civil en las APP se estipula retener el 100% de la utilidad o el 50% de patrimonio neto anual. Esto también habría que contrastar con la realidad, es decir hasta qué punto esta exigencia va a permitir a las empresas continuar operando y atender los pagos a cuenta en el fideicomiso", agregó.

NECESARIA CAPACITACIÓN
Para Rafael Boisset, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, los criterios establecidos en el documento de trabajo relativos a la reparación civil, son correctos y brindan predictibilidad.

No obstante, el abogado consideró que los plazos previstos para las tareas que se planean encomendar al Minjus, el MEF y la procuraduría, pueden complicar la implementación de la ley debido a que “son cortos”.

“Que hayan plazos cortos es bueno y positivo porque lo que se requiere es dinamizar los procesos. Sin embargo, el problema es que cuando un plazo es muy corto, se convierte en irreal e impracticable”, señaló a este Diario.

En esa línea, Boisset sostuvo que el gran reto para hacer efectiva la implementación de la norma, será la adecuada capacitación de los funcionarios de dichas entidades del Estado.

“Con servidores públicos bien capacitados, quienes además deben tener las herramientas técnicas y de consultoría necesarios, creo que será factible hacer cumplir la norma”, concluyó.