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La primera ministra, Mirtha Vásquez, anunció el pasado lunes, durante su presentación en el Congreso de la República, que el Ejecutivo otorgará un subsidio directo de S/70 mensuales a los trabajadores formales con sueldos no mayores a S/2.000 con el fin de brindar un soporte temporal y mejorar la capacidad de compra de más de 2,5 millones de trabajadores formales en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la creencia de que los subsidios estimulan la demanda y reactivan la economía es una visión “anticuada” y no se condice con la recuperación de la misma a través del empleo sostenible que genera el sector privado, afirma Luis Miguel Castilla, exministro de Economía.
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Para el economista, se está privilegiando la política fiscal expansiva con una mirada asistencialista y no se está ponderando el peso que tienen las expectativas y la importancia del sector privado, la generación de empleo e impuestos a futuro.
“Se está erosionando la fortaleza fiscal que teníamos con este tipo de gastos que pretenden solucionar los problemas del país, pero la reactivación no pasa por ahí. En todo caso, la inversión pública sería más útil, pero con inversiones focalizadas y no de la forma como el Gobierno lo está realizando”, anotó Castilla.
Además, afirma que no existen garantías de que este alivio temporal sea sostenible porque el costo fiscal es elevado. “Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no está ejerciendo su rol de reponer los ahorros fiscales que le permitan afrontar nuevamente una crisis”, afirmó Castilla.
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Otro punto de vista tiene Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien calificó la medida como positiva. “Este bono va a recuperar en algo la pérdida del poder adquisitivo e incrementar de alguna manera el consumo, acelerando la demanda interna que estaba perdiendo fuerza”, anotó.
Agregó que, según datos que han analizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay países donde se han tomado medidas similares, como Chile y México, por un período de seis meses.
Impacto
Castilla mencionó que se ha calculado que este subsidio costaría a las arcas públicas entre S/ 2.000 millones y S/ 2.500 millones. Además, no se debe perder de vista la potencial reedición del Bono Yanapay, lo que ascendería a más de S/ 5 mil millones. Con ello, los recursos fiscales comprometidos serían de S/ 15 mil millones, a lo que suman también los subsidios al GLP envasado y al diésel.
“Hay cálculos que, con esta última incorporación al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles del diésel, llegarían a más de S/ 150 millones mensuales. Esto va sumando y es gasto corriente y coste de oportunidad”, afirma Castilla.
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Además, advierte que las agencias calificadoras de crédito están viendo que el manejo fiscal del país se está deteriorando.
Por su parte, Pablo Lavado, profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que la entrega de S/ 70 es una medida que no tendría mayor impacto en la población ya que, como solo aplica para quienes ganen menos de S/ 2.000, solo abarca al 25% de trabajadores que se encuentra en planilla.
¿Impulso para la formalización?
Aunque Castillo considera que este tipo de subsidio ayudaría con la formalización de las empresas, considera que como medida complementaria se podría implementar una especie de “combo” para incentivar también la formalización laboral.
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“Sabemos que hay, aproximadamente, 1.4 mil empresas que declaran a la Sunat pero que no declaran tener trabajadores. Se debería ver algún tipo de incentivo para la formalización de estos. Hay que hacer ‘combos’ que permitan dar una señal concreta de que sí hay una política a favor del empleo”, señaló.
En posición contraria, Lavado considera que la medida es más simbólica que efectiva. " [La medida] es muy poco pensada, populista y potencialmente poco efectiva para mitigar la pobreza, disminuir la informalidad y mitigar el impacto de la inflación en los hogares”.
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En esa línea, para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, la medida planteada tendría un efecto muy reducido como estímulo para la formalidad, no alentaría la contratación de nuevos trabajadores ni sería sostenible en el tiempo.
“El aliciente no está muy claro, no se sabe si será de un año o dos y tampoco es tan material. No asegura que una empresa contrate trabajadores o los ponga en planilla. No va a tener un impacto relevante en la formalización”, aseveró.
Formalización
Toyama espera que el Gobierno reinstale el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), organismo que no sesiona desde el 2018. Así, las empresas y sindicatos podrán proponer qué hacer por la formalización del país.
Sobre esto, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, señaló en el último Consejo de Ministros que esta semana se reactivaría el CNT. Además, anunció los “jueves de diálogo”, en los que recibirá en el ministerio a sindicatos, trabajadores y empresas.
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