La construcción de la presa Palo Redondo era ejecutada por el consorcio Chavimochic S.A.C., integrado por la brasileña Odebrecht (75%) y la peruana Graña y Montero (25%). (Foto: Johnny Aurazo / El Comercio)
La construcción de la presa Palo Redondo era ejecutada por el consorcio Chavimochic S.A.C., integrado por la brasileña Odebrecht (75%) y la peruana Graña y Montero (25%). (Foto: Johnny Aurazo / El Comercio)
Manuela Zurita

A fines de noviembre pasado, una comisión conformada por representantes del Gobierno Regional de , el Ministerio de Economía y Finanzas, La Contraloría y Proinversión se reunió en el despacho del ex viceministro de economía, Hugo Perea, a negociar con representantes de concesionaria SAC. La empresa conformada por Odebrecht y Graña y Montero firmó el contrato para la construcción de las obras mayores de la tercera etapa de la irrigación liberteña en el 2014 y debía entregarlas en el 2018. 

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En efecto, el gobierno de la Libertad, entonces liderado por Luis Valdes, rescindió el contrato a la concesionaria por no presentar el cierre financiero y hallar indicios de irregularidades que desfavorecían al Estado. 

La reunión de noviembre pasado se llevó a cabo con el ánimo de retomar el vínculo, considerando la propuesta de la concesionaria de concluir una de las obra – la Presa Palo Redondo- y retirarse de la irrigación. 

Día1 conversó con el actual gobernador de La Libertad, , sobre el avance del diálogo y los escenarios posibles que analiza el Estado para el destrabe de Chavimochic, tras la firma del acuerdo de colaboración de colaboración de la Fiscalía de la Nación con la brasileña Odebrecht en el caso Lava Jato

¿Se han vuelto a reunir este año con la concesionaria para negociar la culminación de la construcción de la Presa Palo Redondo? Si es así, ¿cuánto ha avanzado la negociación? Si no es así, ¿cuándo lo harán?
Sí, nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, la Supervisión Especializada y la concesionaría. Hemos propuesto que la concesionaria cumpla con su obligación de culminar la construcción de la presa, luego se caduque el contrato de concesión y no continúen más. Existe un avance significativo de la negociación ya que el concesionario tiene la voluntad de culminar la presa y retirarse.

Según supo Día1, la concesionaria ha solicitado pagos adicionales para ajustar costos por precios de inflación. ¿Es así? ¿Para qué se solicita este monto adicional? [Una fuente que participó de la reunión con la concesionaria le indicó a Día1 que se trata de S/30 millones, pero el Gobernador no confirmó la cifra] 
El monto que falta por ejecutar en la presa es de aproximadamente US$ 99 millones. La concesionaria ha pedido que se reconozca el reajuste de precios por lo ya ejecutado, pero no aceptamos este reconocimiento porque la Supervisión Especializada ha calculado que no habría dicho reconocimiento. Además, hemos consultado con quien estructuró el Contrato de Concesión y ellos respaldan lo que ha calculado la Supervisión Especializada.  

La concesionaria aduce que tienen la razón en su reclamo de reajuste, el tema de reajuste de precios está estipulado en el Contrato de Concesión; sin embargo, a la hora de aplicar las cláusulas contractuales respectivas, no hay monto que reconocer. Ellos piden un monto porque consideran que les asiste el derecho de acuerdo al Contrato, pero eso es algo que estamos definiendo de tal manera que La Libertad se afecte lo menos posible.

Dado el acuerdo de colaboración con la Fiscalía, ¿qué posibilidades existen de que la concesionaria complete la construcción de Palo Redondo?
Con el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el Estado se tiene un mayor marco legal para cerrar la negociación y que ellos terminen de construir la presa y se vayan. Es importante mencionar que antes que se suscriba la colaboración, no había alguna norma que prohíba continuar trabajando con Odebrecht en los proyectos que se los haya contratado.

Podría precisarnos: ¿qué porcentaje hay de avance en Palo Redondo? ¿Cuánto falta construir de Palo Redondo, 20% o 30%?
El avance que tenemos de construcción de la presa es del 70%. Es decir, solo nos falta un 30%.

¿Cuál es el peor escenario para Chavimochic hoy?
Hemos evaluado distintos escenarios para culminar la presa, lamentablemente el arbitraje es el escenario más desfavorable para el proyecto porque podría tener un sobrecosto de US$ 265 millones para culminar la presa.

¿Qué posibilidades hay de que se viabilice la construcción vía obra pública? ¿Existen los recursos? ¿Tiene capacidad el Estado para asumir la construcción?
Hemos analizado sobre la viabilidad de culminar la presa mediante obra pública, sin embargo, para adoptar esa modalidad necesitamos caducar el Contrato de Concesión. Para caducar el Contrato se podría hacer por caducidad de mutuo acuerdo, o resolver de manera unilateral. En ambos casos a nivel económico resulta oneroso para el Estado respecto a que se culmine por el mismo concesionario. Por otro lado, a nivel técnico no resulta muy operativo culminar la presa mediante obra pública ya que se tendría que elaborar un expediente técnico por el saldo de la presa, luego licitarlo, con riesgo a que no haya empresas interesadas en asumir la responsabilidad por la obra construida y la sobre exposición de la presa por el tiempo que transcurra la elaboración del Expediente Técnico y Licitación, el cual calculamos no menor de 2 años.

En el supuesto que el mismo Estado asuma la construcción, se trasladaría toda responsabilidad al mismo Estado, y eso es complicado porque las presas son obras de ingeniería de alta especialidad y requieren de alta tecnología para su construcción, el Estado no tiene toda la capacidad logística de construir, aún más cuando una presa es de alto potencial de riesgo pues en caso fallen ocasionan daños catastróficos aguas abajo de la presa.

¿Y qué posibilidades existen de que lo haga un tercero diferente a la concesionaria? ¿Qué empresas han manifestado su interés?
Esa posibilidad ya ha sido evaluada y se trató de implementar, sin embargo, cuando teníamos el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y el informe de la Contraloría, la empresa que iba a culminar de construir la presa desistió. Es por ese motivo que surgió la propuesta de reanudar la obra y sea culminada por el mismo concesionario. La empresa que manifestó formalmente su interés fue la empresa internacional Herdoíza Crespo Construcciones S.A., es del grupo ecuatoriano Herdoíza. Según el concesionario en un inicio hubo otras empresas interesadas, pero el monto del saldo de la presa, y asumir riesgos y responsabilidades no llegaron a formalizar su intención de culminar de construir la presa.

¿Hay presupuesto disponible para poder construir la parte restante de la presa?
Así es, para el saldo de presa tenemos presupuesto que proviene del préstamo con la CAF y del Gobierno Regional.

¿Cuál es su presunción respecto a la posibilidad de que haya habido irregularidades en la concesión de la tercera etapa?
En noviembre del año pasado nos llegó el informe de Lava jato, en ese informe no señala alguna irregularidad en el Contrato de Concesión del proyecto. Yo mantendré mi posición de culminar la presa con el mismo concesionario mientras no se corrobore alguna irregularidad en la adjudicación del Contrato de Concesión.

¿Cuándo estima que se resolverá la negociación con la concesionaria?
Estimo que será pronto. No le puedo dar una fecha exacta ya que en estas semanas se ha dilatado un poco el tema por la emergencia nacional que estamos pasando, pero esto pronto se tiene que resolver porque es prioridad del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional sacar adelante este importante proyecto que va a generar muchos beneficios; por ejemplo incorporar más de 30 mil hectáreas en la primera y segunda etapa, crear más de 40 mil puestos de trabajo, incrementar en más de US$ 700 millones de agroexportación, producir mayor agua potable, etc.

¿Cuál es el riesgo de que la concesionaria demande al Estado por rescindir el contrato? ¿Se ha evaluado?
El Contrato no se va a rescindir, sino se va a caducar de mutuo acuerdo de las Partes, lo cual conlleva a no tener riesgo que el concesionario demande al Estado. 

Si el Estado decide caducar el Contrato de Concesión de manera unilateral, el concesionario demandaría al estado solicitando reconocimiento de gastos de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Concesión.

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