El COVID-19 ha traído infaustas consecuencias para el Perú. De acuerdo al Banco Mundial, nuestra economía será una de las tres que más se contraerá en el mundo, detrás de las islas Maldivas y Belice. Y el efecto es similar en el sector eléctrico.
Según estadísticas del COES, el consumo nacional de energía llegó a caer 33% en abril, una situación que afectó principalmente a las centrales térmicas a gas natural.
“Esta es la mayor caída de demanda (eléctrica) en toda la historia del Perú, y la mayor entre todos los países de la región, desde México hasta Tierra del Fuego”, anota Walter Sciutto, gerente general de ElectroDunas, distribuidor de electricidad para Ica y parte de Huancavelica.
Como es de imaginar, dicha caída fue acompañada por el desplome –también histórico– de las cobranzas de las empresas de energía: -60%, solo en abril.
La reactivación de la actividad económica está mejorando esas estrepitosas cifras.
Sin embargo, dejaría sin resolver un problema que “el gobierno no estaría viendo” y que podría tener un impacto negativo en las tarifas eléctricas, de acuerdo al exviceministro de energía, Luis Espinoza.
PEAJE DE TRANSMISIÓN
Se trata de saber “quien pagará por los costos de la cuarentena” en el sector eléctrico, es decir, quien repondrá el dinero que las empresas dejaron de recaudar en los meses de marzo, abril y mayo.
Según cálculos de Espinoza, el sector encajó una pérdida de US$270 millones (US$3 millones al día) en dicho lapso, según la siguiente proporción: 50% en generación, 40% en transmisión y 10% en distribución eléctrica.
El quid del asunto, explica el especialista, es que hay un grupo de empresas a las que se debe devolver el dinero no recaudado porque están blindadas con contratos de ingresos garantizados por el Estado Peruano.
En ese grupo se encuentran las compañías de transmisión eléctrica, el nodo energético del sur y la reserva fría.
A ellas, el Estado debe reponerles el dinero dejado de recaudar al cierre del año, pero no con recursos del fisco.
Según Espinoza, ese dinero no saldría de otra parte que de los bolsillos de todos los usuarios que sí pagaron sus recibos a tiempo.
Es decir, que el costo se cargaría en el peaje de transmisión, uno de los ítems más controversiales del recibo de luz (en su momento también costeaba el gasoducto surperuano).
“Lo que nadie se está dando cuenta es que el siguiente mes Osinergmin va a hacer sus recálculos y se va a dar cuenta que falta dinero y va a subir los precios de la energía”, señala Espinoza.
El especialista calcula que esto se traduciría en un alza de 10% a 15%, en los recibos de luz este año. Por esta razón, propone que los costos de las empresas sean asumidos por el Estado, según “acuerdo con las partes”.
COES Y ELECTRODUNAS
César Butrón, presidente del COES, concuerda en que Osinergmin tendrá que hacer recálculos para sacar dinero de algún lado y cubrir, con esto, los ingresos garantizados de algunas empresas.
Sin embargo, considera que esto no puede originar una subida en la magnitud que estima Espinoza.
“De hecho, si el Estado y Osinergmin no hacen nada, estas empresas pueden ir a una instancia internacional para exigir que se les pague. Pero estoy seguro que Osinergmin no lo permitirá. Lo más probable es que reparta el costo a lo largo de varios años”, indica.
Walter Sciutto, por otra parte, no ve que se esté gestando un problema.
En su opinión, nada acredita que las tarifas eléctricas vayan a subir este año, y menos en la proporción que advierte Espinoza.
“No hay que olvidar que el año arrancó con una curva de demanda que marcó máximos en enero, febrero y gran parte de marzo. Ese máximo no se puede borrar. Y, si bien la demanda cayó en abril y mayo, va a seguir subiendo a lo largo de año y se va a recuperar”, señala.
Anota que durante toda la cuarentena no se registró el más leve incremento en las tarifas, aunque sí hubo algunos aumentos en los recibos, que causaron malestar.
“Eso se explica porque el consumo en las residencias aumentó [en 10%] y porque las distribuidoras eléctricas se vieron obligadas a promediar los consumos en los primeros meses de la emergencia”, agrega.
De hecho, Osinergmin informó días atrás que las tarifas eléctricas no tuvieron variaciones entre marzo y mayo, debido a que los procesos regulatorios “quedaron suspendidos ante la declaratoria de estado de emergencia por COVID-19”.
Añade que cada mes realiza una actualización técnica de tarifas, de acuerdo a la normativa vigente, la cual no necesariamente significa un incremento.
CONTRATOS DE GAS
Espinoza sí ve un riesgo de alza en las tarias de luz, por lo que llama a Osinergmin y al Minem a modernizar el sector y hacerlo mas ágil a los cambios que ha desnudado la pandemia.
Agrega que un efecto similar (de alza de precios) ocurre en el sector de gas natural, debido a la menor demanda de este hidrocarburo, evento de ‘fuerza mayor’ que encarece el precio para los que sí lo consumen.
Solo en abril, según Macroconsult, la demanda de gas natural para generación cayó en más de 80%.
Por este motivo, el especialista ve conveniente que los distribuidores (Calidda y Contugas) replanteen sus contratos de compra y transporte de gas. Una medida que el Minem está tomando en cuenta, como informaremos luego.