Convenio entre el Gobierno y las clínicas: ¿Por qué ha dado pocos resultados?

Según estadísticas de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), el convenio ha producido hasta la semana pasada 20 hospitalizaciones en clínicas a nivel nacional.

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Hablamos de 18 casos en Lima y dos en provincias, a los que “se sumarían posiblemente dos más en los próximos días”, refiere Sebastián Céspedes, presidente de la ACP.

¿Para esto el presidente Martín Vizcarra amenazó con expropiar las clínicas en junio pasado?

Emergencias COVID-19

Como se recuerda, el convenio de intercambio prestacional posibilita que los asegurados de Essalud y el SIS puedan ser hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las clínicas.

Ello, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que se trate de derivaciones efectuadas desde los hospitales al sector privado, y que involucre a pacientes muy graves que se acercan a las clínicas por emergencias. Todos ellos gozan de una tarifa plana de S/55 mil por todo el tiempo que dure la hospitalización .

En la práctica, explica la red de Clínicas Sanna, son escasos los pacientes hospitalizados en clínicas, ya sea porque hay pocas derivaciones o porque Essalud o el SIS no brindan cobertura a los solicitantes.

En comparación, las entradas directas por emetgencias (obviando el convenio prestacional) son más significativas. Solo las dos clínicas del Grupo Pacífico con UCI: San Felipe y San Borja, atendieron a 269 pacientes por emergencias en junio-agosto.

Las emergencias, anota la ACP, han resuelto el problema de qué hacer con los pacientes graves de COVID-19 que se apersonan a los establecimientos privados de salud, sin pasar antes por un hospital o posta médica para ser referidos.

Una solución limitada

De acuerdo a especialistas consultados, el reducido número de pacientes remitidos a las clínicas se explica por el incremento en el número de casos de COVID-19 (que no dejaba camas disponibles en las UCI), la lentitud administrativa del Estado y la curva de aprendizaje.

Por ejemplo, Rosina Hinojosa, directora de Health Economic Solutions, refiere que la hospitalización de cada paciente requiere de la firma de un contrato entre Essalud/SIS y la clínica, que demora entre uno a 10 días.

Tampoco existe una persona que se encargue de la gestión de camas, lo cual quiere decir que si un paciente de un hospital necesita ser derivado a una clnica, "recién en ese momento se busca qué clínica tiene camas disponibles”.

“La realidad es que han encontrado 100% de ocupación de camas, y por eso no se hacen las derivaciones”, explica la especialista.

La ACP enumera otras barreras, como la obligación de presentar cartas fianza y el hecho de que el SIS no tenía inicialmente una normativa para recibir las facturas de las clínicas. Lo que tuvo que corregirse sobre la marcha.

“Finamente, se lograron las 20 atenciones, pero es necesario que haya signos evidentes y objetivos del Estado, no solo de confianza, sino de eficiencia administrativa. Si eso no se da, no hay incentivos para contratar”, anota Céspedes.

Prevenir antes que lamentar

El magro balance del intercambio prestacional refrendaría también algo que los especialistas venían advirtiendo desde hace meses: que la solución no debía buscarse en las clínicas.

“El acuerdo es una solución limitada porque el fuerte no está en el sector privado sino en el público”, señala Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores.

Cuando se firmó el acuerdo prestacional, en junio pasado, las clínicas representaban el 20% del universo de camas UCI del país. Hoy ese porcentaje se ha reducido a 5% o 10%, debido a las adquisiciones hechas por el Gobierno.

De acuerdo al médico y profesor de posgrado de Esan, Guillermo Alva, esto confirma que las amenazas de expropiación proferidas por el presidente Vizcarra eran una ‘cortina de humo’ para tapar los errores del Gobierno en la lucha contra la pandemia.

“Lo que el mandatario hizo fue desviar la atención hacia las clínicas, cuya capacidad de UCI es pequeña. De hecho, nos ha ido muy mal, pero no por las clínicas, sino debido a nuestra insuficiente capacidad hospitalaria”, anota.

Pero hay más. Flor de María Philips, directora del MBA en Salud de la Escuela de Postgrado de la UPC, lamenta que el acuerdo se haya centrado solamente en los casos UCI y no también en aquellos en observación o en evolución moderada, que conforman la mayoría.

De acuerdo a la ACP, 15 de cada 100 personas infectadas necesita hospitalización o cuidados en UCI. Mientras que los 85 restantes caminan sin ninguna prevención.

En opinión de Céspedes, si el Gobierno hubiera efectuado un seguimiento a este grupo poblacional, susceptible de enfermar gravemente, no hubiera tenido que enfrentar el incendio que se propagó después en las atenciones UCI.

“En vez de todo este escándalo por 20 camas UCI, debimos poner mayor énfasis en las atenciones ambulatorias, que fueron suspendidas en los primeros días de la cuarentena”, apunta Céspedes.