Masificación del gas: ¿Qué negociaría el Gobierno con el Consorcio Camisea?

Basta recordar el sismo provocado por el tweet de Guido Bellido convocando al Consorcio Camisea a “renegociar el reparto de utilidades en favor del Estado” o sufrir las consecuencias de una “recuperación o nacionalización” del yacimiento.

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Como se sabe, la amenaza suscitó fuertes críticas y un retweet de desautorización del propio presidente Pedro Castillo, el cual obligó al entonces primer ministro a poner el asunto en manos de una comisión multisectorial conformada por el Minem, Minjus, MEF, Mincetur, la Cancillería y Perú-Petro, bajo el liderazgo de la PCM.

El resultado es un informe de 274 páginas, que dista mucho de la concepción original de Bellido y de las promesas electorales del Gobierno.

De hecho, uno de los integrantes de la comisión multisectorial comentó a este Diario que esperan un ‘intenso petardeo’ por parte de Perú Libre, debido al cariz apolítico del informe, que excluye medidas radicales como la nacionalización de Camisea. Pero las críticas tampoco han sido frías en el sector privado.

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TEMOR GREMIAL

La publicación del informe de la comisión encargada de ‘incrementar las reservas de gas natural y masificar su uso a nivel nacional’, no pasó desapercibida para los actores del sector hidrocarburos.

Sin embargo, el timing de su presentación (dos días antes de la fecha límite para formular comentarios, ampliados luego a tres) encendió las alarmas.

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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía consideró, por ejemplo, que el otorgamiento de un plazo tan escaso evidencia el “poco interés” gubernamental para recibir comentarios que puedan contribuir al propósito de lograr una “verdadera masificación del gas natural”.

Mientras que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) lamentó que no se haya convocado al sector empresarial, a los colegios profesionales, a los especialistas en gas y a las organizaciones de la sociedad civil “con derecho a ser consultadas”.

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“En suma, el plazo ha sido insuficiente. Y además no podemos opinar porque se trata de un documento incompleto, pues vemos que faltan los informes anexos que sustentan técnicamente las propuestas”, apunta Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Fuentes de la comisión consultadas por Día1 consideran, sin embargo, que la alarma de ambos gremios es exagerada, pues el informe no es vinculante.

En esencia, se trata de una hoja de ruta de largo plazo (al 2058) para la industria de gas natural, que el Minem y Perú-Petro tienen que aprobar y adecuar en conformidad con sus respectivos objetivos y estrategias. ¿Pero, qué es lo que propone el documento?

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RESERVAS DE GAS

El informe se divide en tres grandes ejes: la masificación del gas natural, el relanzamiento del gasoducto al sur (SIT Gas) y la renegociación de los contratos de Camisea.

La lógica de este ordenamiento es simple. La evidencia señala que el gas natural es el combustible que más ahorros genera para los usuarios, comparado como el GLP y las gasolinas. Sin embargo, su uso solo está generalizado en Lima y Callao.

Luis Espinoza, ex viceministro de hidrocarburos, explica que esto se debe a la falta de un mercado interno para el gas natural y a la ausencia de gasoductos para transportarlo.

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De allí la propuesta de relanzar el gasoducto surperuano (SIT Gas) pero siguiendo la ruta trazada por Odrebecht y reutilizando los tubos abandonados por la constructora en la selva de Cusco. Caso contrario, señala el informe, el proyecto se podría retrasar de tres a siete años.

“Sin gasoducto, la exploración y desarrollo de nuevas reservas no será viable y los potenciales consumidores del gas no lo verán llegar nunca”, anota Carlos Gonzáles, gerente general de Enerconsult.

La comisión multisectorial estima que, adoptando este enfoque y solicitando la ayuda del Congreso de la República, el SITGAS podría ver la luz en el 2028. Sin embargo, advierte que la única manera de hacer sostenible el proyecto es asegurando las reservas de gas.

A ese efecto, ha calculado que el SIT Gas necesitará 18 trillones de pies cúbicos (TCF) hasta el 2058, de los cuales sólo estarían asegurados 13. De allí la necesidad de sentarse a negociar con los operadores de los lotes 56, 57, 58 y 88 que son los elegidos por el Gobierno para proveer los 5 TCF restantes.

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GUÍA PARA RENEGOCIAR

La recomendación preocupa a los gremios de hidrocarburos. En suma, el informe de la comisión multisectorial propone negociar con CNPC el mercado de destino de la producción futura del lote 58 (2,3 TCF), de tal manera que se dedique por entero al SIT Gas.

También recomienda asentar nuevos términos con Pluspetrol, operador de los lotes 88 y 56, a fin de reactivar la exploración gasífera con nuevos pozos que conlleven al incremento de las reservas de gas natural y líquidos de gas natural.

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Y, no menos importante, aconseja renegociar los contratos de exportación de los lotes 56 (Pluspetrol) y 57 (Repsol), que vencen en el 2028, de tal manera que sus reservas puedan ser derivadas al SIT Gas cuando este entre en funcionamiento.

Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, advierte que tratar estos temas sin debate previo y sin la participación activa de las empresas petroleras genera incertidumbre, que es el principal desincentivo para la inversión.

“Recordemos que va a ser imposible que la masificación del gas natural funcione sin el sector privado, porque los niveles de inversión que se requieren en exploración e infraestructura no los va a poder hacer el Estado”, apunta.

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Al respecto, Carlos Gonzales indica que la comisión debe aclarar si sus recomendaciones se refieren únicamente a los contratos actuales o a también a los nuevos contratos.

“Este es un tema que requiere mayor análisis y debate técnico”, señala. Sin embargo, no deja de soslayar que los contratos de hidrocarburos son implícitamente renegociables, por lo que “a nadie debe asustar ello”. Siempre y cuando, claro está, la renegociación se haga sobre una propuesta razonable, persuasiva y, sobre todo, viable.

Desde ese punto de vista, Luis Espinoza considera que el informe de la comisión cumple con su meta de presentar una base sobre la cual conversar.

“El objetivo es sencillo: analizar qué temas puede llevar el Gobierno a los productores para negociar y tener una tranquilidad para el largo plazo, eliminando de paso las reivindicaciones de la población por el supuesto abuso de las trasnacionales. Para eso es”, comenta.

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