Congreso debatirá proyecto de ley para expropiar las plantas de oxígeno de las empresas privadas

El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves un proyecto de ley (P.L. 5636) para expropiar las plantas de fabricación y distribución de oxígeno medicinal y los balones de oxígeno de las empresas privadas, durante “el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19″.

El proyecto, presentado por el congresista José Luis Ancalle, del Frente Amplio, propone distribuir el oxígeno de forma gratuita en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud para atender a los pacientes aquejados por la pandemia.

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A ese fin, faculta al Minsa a expropiar el oxígeno a “las empresas privadas existentes en las zonas afectadas con COVID-19”, previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para el reconocimiento de un justiprecio.

“Dicho justiprecio no debe ser mayor al valor real existente antes de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19”, señala el proyecto de ley.

Para determinar el universo de empresas que serán expropiadas, la norma dispone que las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno se empadronen ante el Minsa en un plazo no mayor de cinco días, desde su entrada en vigencia.

Allí, deberán informar la “cantidad de su producción de oxígeno diario y de balones existentes”, con la finalidad de que la autoridad de salud disponga su utilización.

Añade que la aplicación de la norma evitará que se especule sobre los precios de los balones de oxígeno, ya que el único proveedor será el mismo Estado Peruano, por lo que “tendrá la posibilidad de distribuir este bien a todos los nosocomios del país que lo necesiten para poder salvar la vida de los peruanos”.

PROBLEMAS DE FONDO

La problemática, sin embargo, es mucho más compleja que eso. De acuerdo a especialistas consultados para este artículo, el problema parte porque la producción de oxígeno está centralizada en muy pocas manos y los hospitales carecen de infraestructura de almacenaje para enfrentar disrupciones en su suministro.

“La solución es que se debe descentralizar la producción de oxígeno. En la mayoría de países (como Chile) cada hospital tiene su propia planta de generación para evitar estos problemas”, señaló Fernando Jiménez, jefe del proyecto de plantas de oxígeno de la PUCP.

Otro es el tema de gestión. Durante la administración de Pilar Mazzetti el Minsa centró sus esfuerzos en el ensamblaje de 47 plantas de oxigeno a cargo de la UNI, proyecto que abandonó hace pocos días debido a demoras en su implementación.

Carlos Herrera Descalzi, presidente del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ha anotado que el Gobierno debió aprovechar los meses previos a la segunda ola importando plantas de oxígeno en vez de poner sus esperanzas en el proyecto de la UNI.

Las consecuencias las pagamos hoy en día. Los productores de oxígeno no se dan abasto para atender a la demanda. Según cifras del Minsa, hay un déficit de 150 toneladas que intentan ser cubiertas con importaciones de oxígeno a granel de Chile y Ecuador y la adquisición (y donación) de plantas generadoras de oxígeno.

A ello se añade la nueva crisis generada por el paro de transportistas, que impide el traslado de decenas y cientos de toneladas de oxígeno en todo el país.

PROYECTO ANTICONSTITUCIONAL

Por lo demás, el proyecto sería anticonstitucional, entre otras cosas, porque dispone del presupuesto público cuando esta función corresponde únicamente al viceministerio de Hacienda.

La norma señala, efectivamente, que no generará gasto al erario nacional porque empleará los S/84,7 millones asignados por el D.U. 066-2020 para atender la emergencia sanitaria.

Al respecto, Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas (MEF) precisó que la función de reorientar recursos es un tema hacendario. “La Constitución dice que eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Si el Congreso hace algo por su lado es claramente anticonstitucional”, dijo.

Cabe señalar, además, que el decreto de urgencia citado por el proyecto de ley sólo tiene validez hasta el 31 de diciembre, por lo que no podría ser reasignado en años subsiguientes.

“Si ese presupuesto se gastó ya no existe. Si no se gastó es probable que haya revertido al Tesoro para asignarlo a otra cosa. Para efectos prácticos, ese dinero no existe. No se puede comprometer recursos de años anteriores. Eso es ilegal y antitécnico”, añadió Oliva.

De los S/84.7 millones comprometidos por el Minsa para provisión de oxígeno en el 2020, solo se gastaron S/.13 millones, según el portal de Consulta Amigable del MEF. Una cifra que muestra que no se hizo mucho para procurar oxígeno de cara a la segunda ola de COVID-19.

DEBATE EN EL CONGRESO

El proyecto de ley 5635 no cuenta con dictamen de las Comisiones de Salud y Justicia del Congreso de la República, a los que fue derivado para su análisis. Sin embargo, fue incluido en la agenda del Pleno con el voto mayoritario de casi todas las bancadas, incluyendo la del Partido Morado. Solo Fuerza Popular se opuso.

Cabe señalar que cerca del 90% de la producción local de oxígeno se encuentra en manos de privados, particularmente, de dos grandes productores: Linde y Air Products, a los que siguen otros más pequeños, como Oxyman y Criogás.

La diferencia es aportada por plantas generadoras de oxígeno instaladas en establecimientos de salud. La distribución del oxígeno, por otro lado, sí se encuentra atomizada en decenas y, quizás, centenares de empresas.

El proyecto de ley del Frente Amplio faculta al Minsa no solo a expropiar el oxígeno en manos de privados, también a verificar su vigilancia, control y distribución.

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