El anuncio de la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara al 100% de capacidad, tras nueve años de ardua y dilatada construcción, arroja una luz de esperanza sobre el sombrío horizonte de Petro-Perú.
Y es que la petrolera estatal venía aguardando con impaciencia la concreción de este hito para incrementar su producción de combustibles limpios y poder obtener, de esta manera, el flujo de caja que necesita para mejorar su situación financiera, catalogada como ‘pavorosa’ por Anthony Laub, socio principal de LQG.
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Los resultados financieros de Petro-Perú al primer semestre del 2023 son bastante reveladores al respecto, pues no solamente muestran una pérdida neta de US$380 millones, también un déficit de capital de trabajo de US$1.328 millones.
“Entonces, esa es una evidencia que nos dice que la petrolera estatal necesita otra cobertura del Estado”, apunta César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú.
Esto es, un nuevo salvataje financiero, adicional a los varios que el Ejecutivo proporcionó a la petrolera pública en el 2022 (por un monto global de US$2.250 millones) a fin de evitar su colapso.
Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, acota, sin embargo, que no es apropiado hablar de ‘salvataje’, sino de un aporte de capital que el Estado se encuentra obligado a realizar, en tanto accionista de Petro-Perú.
Sobre todo, ahora que la estatal se encuentra enormemente endeudada por el esfuerzo desplegado en construir la nueva refinería de Talara, proyecto cuyo costo asciende ya a US$5.530 millones (casi cuatro veces su Capex inicial).
“Durante la administración de Carlos Paredes (ex presidente de Petro-Perú) se hablaba de un aporte de US$ 1,500 millones a 1,800 millones. No se hizo y, después de cuatro años, se hizo un aporte que fue insuficiente”, anota el economista. ¿A cuánto ascendería este nuevo aporte del Estado, en el entendido de que la estatal lo necesite?
¿INCIDENTE EN LA REFINERÍA?
Las calificadoras internacionales Fitch y S&P coinciden en señalar que la ayuda del Gobierno será “cada vez más necesaria” mientras la nueva refinería de Talara no se encuentre completamente operativa.
Es más, Fitch estimaba hasta hace muy poco que el Ejecutivo tendría que aportar US$300 millones a Petro-Perú en caso de que no lograse completar el proyecto en el tercer trimestre.
Ahora se sabe la nueva refinería se encuentra 100% operativa. Esto, a pesar del fuerte runrún que recorrió el sector hidrocarburos días atrás, y que señalaba la ocurrencia de un desperfecto y/o incidente en el proyecto, más precisamente, en una de las dos unidades que faltaban ser completadas: la de craqueo catalítico y la de flexicoking.
Es decir, en las plantas más importantes e imponentes de la nueva refinería, por cuanto permiten convertir el combustible residual (hidrocarburo con bajo valor comercial) en productos de mayor valor agregado, como la gasolina de alto octanaje, el diésel y el GLP.
De acuerdo a dicha versión, el incidente tendría el potencial para retrasar el arranque definitivo del proyecto por algunos meses más, lo que pondría en serios apuros a la petrolera estatal
Consultada al respecto, Petro-Perú respondió que no ha ocurrido ningún desperfecto en la refinería y que el arranque de todas las unidades está completo. ¿Significa esto que ya no necesitará otro salvavidas del Ejecutivo?
AYUDA DEL GOBIERNO
De acuerdo a un ex funcionario de Petro-Perú que no quiso ser identificado, esto dependerá del flujo de caja que la nueva refinería pueda generar en los próximos meses.
“Si dicho flujo permite atender las obligaciones contraídas por la empresa estatal, no requerirá un nuevo salvataje, de lo contrario necesitará un préstamo de terceros o del mismo Estado”, explica.
Por el contario, César Gutiérrez considera que el aporte estatal es inevitable debido a que la puesta a punto de la nueva refinería “no mejorará la rentabilidad de PetroPerú de manera inmediata, sino en varios meses más”.
“Eso significa que van a necesitar un salvataje de todas maneras, aunque evitarían otros más en el futuro. Por lo pronto, requerirán un mínimo US$500 millones”, detalla.
Esto, para atender dos frentes: el pago a los contratistas del proyecto (Cobra y Técnicas Reunidas), que no estaría cerrado, y el déficit de capital de trabajo, que asciende a US$1.328 millones.
El arranque definitivo de la nueva refinería no disipa, sin embargo, las nubes grises que empañan el horizonte de la estatal.
Si bien Germán Alarco sostiene que la entrada en operación de la nueva refinería y la asignación de todos los lotes de Talara a Petro-Perú darán a esta la “liquidez y rentabilidad que necesita”, otros especialistas albergan el convencimiento de que no ocurrirá así.
Entre otras razones, porque la estatal no cuenta con el dinero ni con la tecnología que le permitirían mantener la productividad de los pozos talareños. Mucho menos, para incrementarla.
¿NUEVOS SALVATAJES?
“Petroperú está en una situación bien delicada porque puede pasarle lo mismo que a YPFB (petrolera estatal boliviana), la cual descremó los campos gasíferos bolivianos y ahora estos se han quedado sin gas. Igual puede pasar aquí con los pozos petroleros si es que no hay inversiones”, sostiene Arturo Vásquez, exministro de Energía.
A su entender, el ingreso de Petro-Perú a los lotes petroleros de Talara incrementará el riesgo de un nuevo salvataje.
En esa línea, Vásquez y otros expertos en hidrocarburos aconsejan al Gobierno que aborde la crisis de la petrolera estatal de una manera más integral. Esto es, no centrando toda la atención en la nueva refinería.
“El problema con PetroPerú es que sus llantas, o sea, la refinería, estaban a punto de reventar. Pero el carburador, que es el Oleoducto Norperuano (ONP), se encuentra en peor situación; y tampoco cuenta con un conductor que lo sepa guiar”, apunta un especialista en petróleo que prefirió mantener el anonimato.
Los continuos derrames y atentados en el oleoducto cuestan a la petrolera estatal hasta US$100 millones al año, dependiendo de la frecuencia con que ocurren estos incidentes.
Y la falta de liderazgo del actual directorio de Petro-Perú ha originado que los “empleados y sindicalistas tomen el control de la empresa y hagan lo que quieran”, añade Gutiérrez.
Se colige, entonces, que si la estatal no resuelve el problema del ONP, ni refuerza su gobierno corporativo con un directorio y gerencia profesionalizados, puede volver a requerir otros salvatajes a pesar de la puesta a punto de su nueva refinería, una de las más modernas del mundo.