[Jessica Luna es gerenta general de Cómex Perú]
El Perú es un país de emprendedores y el desafío es convertirlos en el más importante motor de desarrollo. Del total de empresas en el Perú, el 92,7% es pequeña o microempresa (mype), estas aportan el 19% de la producción total del país. Son 5,9 millones de negocios mypes que emplean a 8,4 millones de trabajadores. Sin embargo, el 83,3% de estos negocios es informal, con todas las consecuencias negativas que ello genera. Además, la participación de las mypes en la producción nacional se ha reducido en los últimos años, pasando del 29% en el 2009 al 19% en el 2018, lo que indicaría pérdida de competitividad o participación en rubros de baja productividad. Con ese extraordinario potencial, las mypes podrían ser el más importante motor de desarrollo, si acaso se logran formalizar y, además, mejorar su competitividad.
Para encaminar el país hacia ese objetivo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) ha lanzado recientemente el Índice de Capacidad Formal, una poderosa herramienta que mide las capacidades de una mype para ser formal a través de las características de su negocio. Este puede ser un instrumento de política pública que permitiría tener un enfoque territorial, sectorial y acorde con sus capacidades, para impulsar su formalización.
Algunas conclusiones interesantes de este índice son que las mypes con mayor capacidad formal se encuentran en la costa central y sur del Perú, Piura y Madre de Dios. Además, que son las mypes dedicadas a la producción (textil, calzado, artesanía, etc.) las que tienen mayor capacidad de ser formales, lo que estaría asociado a los beneficios que pueden obtener, como deducción del IGV, acceso a mercados internacionales y al programa de compras estatales o a la integración en cadenas de valor.
En este marco, el objetivo que tenemos –todos: Estado, academia y empresariado– es mejorar las capacidades de los emprendedores peruanos, brindándoles herramientas para generar eficiencias, acercar los programas del Estado y mejorar sus capacidades para que puedan dar el salto a la formalidad.
Además, impulsar el desarrollo e implementación de políticas públicas, para que el Estado sea, por fin, un verdadero promotor del emprendimiento.