Gasíferos y eléctricos se enfrentan por proyecto de ley que busca expandir la energía solar

El camino hacia la transición energética está sembrado de piedras y espinas.

Muestra de ello es la polémica desatada en los últimos días por la propuesta legislativa (dictamen de ley 2139-2021 CR, 3662-2022 CR, 4565-2022 PE y 4748-2022 CR) que busca acelerar el desarrollo de la energía solar, tecnología que participa con un magro 1,2% en la matriz de generación eléctrica.

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Según sus impulsores: el Poder Ejecutivo, la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) y las bancadas de Perú Democrático y Perú Libre, la iniciativa ayudará a reducir las tarifas eléctricas para millones de hogares y miles de industrias.

Y, también ayudará a captar billones de dólares para proyectos solares (y eólicos) que “van generar muchos puestos de trabajo y fortalecer al sistema eléctrico”, anota Brendan Oviedo, presidente de la SPR.

Por el contrario, los opositores al proyecto: la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), las distribuidoras eléctricas y las empresas gasíferas, aseguran que la norma debilitará la confiabilidad del sistema eléctrico e impactará negativamente en el consumo de gas natural, poniendo en riesgo la masificación de este energético en todo el país.

No sólo eso, Arturo Vásquez, investigador de Gerens, advierte que la norma esconde un subsidio encubierto que será pagado por los usuarios eléctricos en sus recibos de luz porque “el distribuidor va a tener que trasladar ese costo a las tarifas eléctricas”.

Estas posiciones fueron sopesadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso en una acalorada sesión (8 de mayo) que culminó con la desaprobación del dictamen de ley por 9 votos en contra, 8 a favor y 1 abstención.

No obstante, el proyecto volverá a ser visto hoy (17 de mayo) a pedido de los congresistas Jorge Coayla Juárez (Perú Libre) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

La expectativa, por tanto, se mantiene. ¿Pero cuáles son las novedades que trae este dictamen, que tanto alboroto causan en el sector energía?

Lo que busca el proyecto de ley, a decir de todos los expertos consultados para este artículo, es modificar las reglas de contratación de las distribuidoras eléctricas para que los generadores solares puedan participar activamente en las próximas licitaciones de energía para hogares y comercios.

Y es que, hoy por hoy, los generadores de energía solar no pueden participar de forma independiente en estos concursos.

Esto debido a una dificultad técnica, derivada de su imposibilidad para producir energía las 24 horas del día y, sobre todo, en horas punta (de 5 pm a 11 pm), como manda la ley.

En consecuencia, los generadores solares tienen que asociarse con otros generadores eléctricos, generalmente, térmicos a gas, para poder ofertar energía día y noche.

“En ese sentido, lo que hace el proyecto de ley es eliminar la obligación de contratar energía las 24 horas del día. Eso significa que los generadores solares podrán ofertar por bloques horarios e ir solos a las licitaciones con un precio más bajo”, explica un experto en energía que no quiso ser identificado.

De acuerdo a Oviedo, este nuevo marco regulatorio incrementará la trasparencia y la competitividad de los procesos de contratación, promoviendo la diversificación de la matriz energética con tecnologías más baratas.

Como resultado, apunta, las tarifas eléctricas bajarán significativamente.

“No hablamos de una reducción del 50%, pero sí del 16%, lo cual es razonable, sobre todo, en este contexto en el que las tarifas eléctricas están subiendo”, refiere.

Motor para esta reducción será la construcción de más centrales solares y eólicas, de las cuales hay decenas en desarrollo por un agregado de 20 mil MW, es decir, tres veces la demanda de energía eléctrica del país.

Si “todo sale bien” y el proyecto de ley se aprueba, comenta Oviedo, podrán ingresar 3.000 MW que equivalen a US$3.000 millones de inversión.

Pero no todos los actores del sector energía comparten este optimismo. Es el caso de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), gremio que ve con alarma la aprobación del proyecto de ley que se cocina nuevamente en el Congreso.

En particular, porque no toma en cuenta “el impacto negativo de la expansión desmedida de la generación solar (y eólica)” sobre el proceso de masificación de gas natural.

De acuerdo a la SPH, lo que esta dinámica originará será el desplazamiento progresivo de la generación térmica a gas del despacho eléctrico, lo cual no es poco decir, ya que el 40% de la producción diaria de este energético se emplea en la generación de electricidad.

Si ello ocurre, alertan las empresas de hidrocarburos, el transporte y distribución de gas disminuirá y, con ello, también las economías de escala de ambas actividades.

Como resultado, las tarifas de transporte y distribución subirán, echando por tierra el proceso de masificación del gas natural que es el “recurso más valioso que tenemos para la transición energética”, anota Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

“Por ello, consideramos que no está bien fomentar las energías solar y eólica al precio de la seguridad energética y de la confiabilidad del sistema eléctrico de nuestro país”, advierte el líder gremial.

Esta aprehensión es compartida por las empresas de distribución eléctrica, las cuales han remitido un cúmulo de observaciones al proyecto de ley.

El meollo del asunto en este caso, explica Arturo Vásquez, es que el proyecto obliga a las distribuidoras eléctricas a comprar energía a las generadoras solares y eólica “de forma vinculante” por un horizonte de diez años.

Esto, con el objetivo de brindarles ingresos garantizados a través de una “Prima RER encubierta”, que será pagada por los usuarios residenciales en sus recibos de luz.

“La idea es forzar a las distribuidoras a contratar con los generadores renovables, y que se haga a diez años para que tengan un flujo de caja asegurado y puedan financiar sus proyectos”, asevera.

Según sus cálculos, la Prima RER, subsidio que todos los peruanos pagamos en nuestros recibos de luz para financiar los proyectos renovables desarrollados bajo el mecanismo de subastas, cuesta a los usuarios cerca de US$1.600 millones.

A su entender, el subsidio que busca introducir el proyecto de ley que promociona la energía solar costará a los peruanos no menos de US$5.000 millones.

Esto, tomando en consideración las proyecciones de expansión de esta tecnología al 20% de la matriz energética.

Por lo demás, Vásquez considera que el proyecto de ley promovido por el Legislativo es anti técnico y riesgoso para la economía peruana porque todos estos sobrecostos se van a trasladar en una pérdida de competitividad.

Por el contrario, Oviedo advierte que el proyecto es fruto de un proceso participativo y de un trabajo minucioso desarrollado por espacio de cuatro años, en el cual han intervenido todos los actores del sector eléctrico y consultores de prestigio internacional.

“Si el proyecto se aprueba en la Comisión de Energía y Minas será una batalla ganada dentro de una guerra porque aún falta que pase al Pleno. Si ello ocurre será el despegue de las energías solar y eólica”, señala.