(Foto: GEC)
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Redacción EC

El hizo público el estudio de la misión de asistencia técnica remota brindada a nuestro país y que culminó en enero pasado. En el informe, el ente consideró que aumentar las tasas impositivas a las rentas de primera y segunda categoría “no haría una diferencia considerable a nivel macroeconómico”. Ello apuntó a la reforma tributaria planteada el año pasado durante la gestión del exministro de Economía (MEF), Pedro Francke.

Vale recordar que el MEF solicitó la asesoría del FMI para desarrollar tres aspectos importantes del plan de reforma fiscal que se presentó en octubre de 2021: (i) el impuesto a la renta (IR) sobre las rentas de capital (ii) régimen fiscal del sector minero y (iii) el impuesto general a las ventas (IGV) a la importación de servicios digitales.

Anteriormente, Francke había sostenido que el Impuesto a la Renta (IR) reflejaba inequidad debido a que el IR de primera y segunda categoría –pago de alquiler y capital, respectivamente– ascendía a un 5%, mientras que las rentas por actividad empresarial llegan al 29,5%, y las de trabajo independiente y dependiente, hasta el 30%.

Al respecto, desde el FMI han sostenido que “la contribución adicional de esos tributos a los ingresos fiscales es relativamente menor: alrededor del 0,4% del PBI en los últimos años”.

Así también, comentaron que la perspectiva del diseño de un régimen fiscal más equitativo y marginalmente más recaudatorio podría justificar la intención del Gobierno para aumentar y uniformar la tasa aplicable a los ingresos y ganancias de capital “al 10% como máximo”.

“Hay otros aspectos de neutralidad del régimen que pueden mejorarse, referidos a los arrendamientos, enajenación de inmuebles y de acciones, dividendos e intereses bancarios”, remarcaron.

La otra modificación planteada en la gestión anterior se dirigió al aumento de tasa de IR en empresas mineras con mayores ganancias. Sobre ello, el FMI concluyó que el principal resultado es que el régimen fiscal vigente en nuestro país es “competitivo, principalmente, por el uso de gravámenes específicos basados en las utilidades”.

No obstante, pese a que resaltaron que este régimen permite cierto espacio para aumentar la presión fiscal del sector sin perder competitividad internacional, anotaron dos aspectos.

“Es muy importante la forma en que ese aumento se materialice y que los cambios que proponga el gobierno eviten modificar la posición relativa de la carga fiscal en Perú respecto de la de sus competidores”, escribieron.

En ese sentido, la recomendación realizada en el informe es que solo se considere incrementar, moderadamente, las tasas de los gravámenes cuya base es la utilidad operativa (Regalía e Impuesto Especial a la Minería), advirtiendo que no debería cambiarse la base de dichos gravámenes como, por ejemplo, restringiendo la deducción de la depreciación de activos fijos, o eliminando la deducción de la Regalía de la base del impuesto a la renta.

Servicios digitales

Finalmente, el informe afirmó que la propuesta evaluada por el Gobierno para aplicar el IGV a los servicios digitales importados, tales como Netflix y Spotify, entre otros, ampliará la base tributaria y mejorará la neutralidad del IGV, ya que los servicios originados dentro del país ya se encuentran gravados.

“Se resalta que la propuesta del Gobierno para proponer un registro voluntario y simplificado de acceso remoto para los proveedores sin presencia física en el Perú, y un mecanismo de retención a los pagos por medio del sistema financiero en caso de que el proveedor no cumpliera con el pago del impuesto directamente, cumple con las directrices recomendadas por los organismos internacionales respecto a este tema”, subrayaron.



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