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Existe amplio consenso en la literatura económica respecto a los factores multidimensionales que determinan el proceso de conflictividad social. La falta de solidez de las instituciones, la eficiencia en la gestión de las políticas públicas, la sostenibilidad financiera, ‘shock’ externos, entre otros, suelen ser las variables explicativas más recurrentes. Asimismo, una mayor presencia de conflictos trae consecuencias importantes sobre la competitividad de un país, limitando la mejora de bienestar de sus ciudadanos.
Estimaciones recientes para una muestra amplia de países encuentran que la mayor conflictividad puede traer pérdidas en el PBI per cápita de entre 0,5% y 1%. En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) recientemente estimó el impacto de la conflictividad en la actividad minera y encontró una pérdida de 0,2% en el PBI total solo para el 2021. Observando con preocupación el actual escenario de agudización de conflictividad en el país, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y El Comercio consideran relevante visibilizar esta problemática.
Desde febrero del 2017 (212 conflictos), la Defensoría del Pueblo no publicaba un número de conflictos sociales tan numeroso como el registrado en mayo (205) y junio (207).
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Los últimos 12 meses
Durante el gobierno del presidente Pedro Castillo, se incorporaron 57 nuevos conflictos sociales, lo que representa un incremento de 19% respecto al período julio 2020-junio 2021. Estas nuevas problemáticas tienen básicamente la misma estructura que el stock actual en cuanto a tipología (socioambiental, 58%) y competencia (Gobierno Nacional, 67%). Asimismo, de los 34 conflictos relacionados a actividades económicas, la minería representa el 76%, seguida por el sector hidrocarburos con un 12%.
David Tuesta, presidente ejecutivo del CPC, resaltó que en este gobierno se ha exacerbado la poca eficiencia del Estado colocando a personal que desconoce de las situaciones de conflictividad social en el país.
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Planteó, además, aplicar un esquema similar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que realice proyectos integrales con el canon no ejecutado por los gobiernos subnacionales y desarrolle entes destinados a la capacitación sobre gestión de conflictos en el ámbito regional.
“Hay que buscar un Estado que gestione adecuadamente y busque el equilibrio”.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad
En esa línea, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, recordó que en el último año algunas unidades mineras, como Las Bambas, suspendieron sus actividades, por lo que resaltó la importancia de los planes de desarrollo en las zonas de influencia minera -en las que están involucradas la empresa, las comunidades y el Estado-, así como de actividades productivas independientes de la minería.
Según Tuesta, la alta cantidad de conflictos se da en un contexto de crisis económica –con dificultad del gobierno para generar empleo y un escenario de alta inflación–, sumado a un problema del Estado para ejecutar sus recursos.
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Estado de conflictos y sectores económicos
De los 207 conflictos a junio, 54 se hallan en estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 153 están activos. De estos últimos, hubo un incremento de los que se encuentran en fase de diálogo (cinco más que en junio 2021) y desescalamiento (16 más que en junio 2021).
Asimismo, 101 conflictos (14 más que el mismo mes del año anterior) llevan 36 meses sin resolverse. En su mayoría, se trata de problemáticas que dependen del Gobierno Nacional.
Por otro lado, 127 conflictos están relacionados a actividades económicas. El 69% corresponde al sector minería y 20% al sector hidrocarburos.
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Sobre esto último, Tuesta resaltó los problemas estructurales de mala distribución del canon y la falta de capacidades en el ámbito subnacional para gestionar -ejecutar- este recurso que deja la minería.
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Mirada regional
En junio, también se observó que en todos los departamentos del Perú existe al menos un conflicto social, y que seis departamentos (Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno y Piura) aglutinan el 50% de todas las incidencias identificadas.
Por tipología, resaltan los socioambientales (63%) y los comunales, relacionados a demarcación territorial (11%). Además, el 88% de los conflictos son responsabilidad del Gobierno Nacional (62%) y de los gobiernos regionales (26%).
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El departamento que más conflictos sociales acumuló en mayo fue Loreto. Sus 28 conflictos configuran el 14% del total nacional. De ellos, 21 tienen relación con actividades económicas, de los cuales el 90% está vinculado al sector hidrocarburos.
El segundo departamento con más conflictos es Cusco, que contabiliza 18 (9% del total nacional). En su mayoría, están relacionados a la actividad minera.
Un aspecto singular es que, teniendo Madre de Dios amplias zonas de minería ilegal, la Defensoría del Pueblo solo registra un conflicto socioambiental desde el 2015 relacionado a la construcción de una trocha carrozable desarrollada por autoridades del gobierno de Madre de Dios.
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